Abelardo de la Espriella ordenó finalizar contrato de Altus Baquero, exmagistrado del CNE, en el Ministerio del Interior: por qué motivo
El 7 de octubre de 2026, fue revelado que el Ministerio del Interior había contratado al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Alejandro Baquero con el fin de prestar asesoría j...
El 7 de octubre de 2026, fue revelado que el Ministerio del Interior había contratado al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Alejandro Baquero con el fin de prestar asesoría jurídica al despacho del ministro en temas relacionados con la formulación de decisiones y las estrategias de implementación en relación con asuntos temáticos y conexos de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.
Ante ello, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó cancelar el contrato de la cartera liderada por Rodrigo Lara, según reveló una alta fuente gubernamental a El Tiempo. La instrucción llegó después de que el mandatario conociera la información sobre esa vinculación.
La orden presidencial, transmitida al ministro del Interior, Rodrigo Lara, orientada a poner fin al vínculo contractual.
Cabe recordar que el acuerdo, por $60 millones y con vigencia de 91 días, había sido firmado para que Baquero prestara servicios hasta el 31 de diciembre de 2026. El exmagistrado había hecho parte del tribunal electoral y, durante su periodo allí, acompañó varias decisiones respaldadas por el bloque afín al entonces presidente Gustavo Petro.
Baquero debía entregar conceptos e insumos para decisiones del Ministerio del InteriorDe acuerdo con el documento, el asesor debía elaborar conceptos en derecho administrativo, revisar la viabilidad legal de decisiones y preparar insumos para la gestión ministerial. El contrato también contemplaba análisis de jurisprudencia y de los posibles efectos jurídicos de las medidas evaluadas por el despacho.
La descripción incluía tareas relacionadas con la formulación de decisiones y estrategias de implementación en temas de seguridad, convivencia ciudadana y gobierno, bajo criterios de derecho colombiano y debido proceso.
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