Aida Quilcué se pronunció después de que un juez le ordenara al ministro de Agricultura reconocer el término campesino: “No es un insulto ni una expresión despectiva”
La exfórmula presidencial del candidato y ahora líder de la oposición Iván Cepeda, Aida Quilcué, respaldó el fallo que ordenó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aclarar que las p...
La exfórmula presidencial del candidato y ahora líder de la oposición Iván Cepeda, Aida Quilcué, respaldó el fallo que ordenó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aclarar que las palabras campesino, campesina y campesinado continuarán en el lenguaje del Estado.
La dirigente sostuvo que la decisión protege la identidad de quienes trabajan la tierra en Colombia.
El Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá le dio un plazo de 48 horas al ministro para ofrecer disculpas y rectificar por los canales institucionales donde difundió su intervención.
La orden exige que reconozca el carácter constitucional de esas expresiones y que aclare que no serán sustituidas de manera general por la categoría de pequeños empresarios del campo.
A través de su cuenta de X, Quilcué afirmó que la decisión judicial defiende la dignidad del campesinado colombiano. Según expresó, llamar campesinos a quienes producen alimentos no constituye una ofensa ni una expresión despectiva.
“Decir campesino no es un insulto ni una expresión despectiva. Es reconocer una historia, una identidad, una forma de vida y el aporte de quienes trabajan la tierra y sostienen la soberanía alimentaria de nuestro país”, escribió Quilcué.
La dirigente reconoció la actuación de Miguel Ángel Grisales Suárez, representante a la Cámara por el Quindío, quien presentó la tutela que derivó en el fallo. Para Quilcué, el congresista llevó la discusión a los espacios donde deben garantizarse los derechos del campesinado.
“El campesinado se respeta y se reconoce”, concluyó la dirigente en su mensaje público.
El ministro anunció que reemplazaría el término por pequeños empresarios del campoLa controversia comenzó el 8 de septiembre, cuando Indalecio Dangond intervino ante las comisiones económicas del Senado y la Cámara durante la presentación del presupuesto de su cartera para 2027.
En esa sesión, el ministro de Agricultura anunció que el Gobierno dejaría de utilizar la palabra campesino para referirse a las personas dedicadas a la producción de alimentos en las zonas rurales.
“No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo”, dijo Dangond ante los congresistas. El funcionario sostuvo que la palabra campesino era despectiva y planteó que el cambio buscaría elevar el estatus de quienes producen alimentos.
La intervención motivó la acción judicial presentada dos días después por Grisales, quien se identifica como campesino del Quindío. El representante pidió protección para los derechos a la dignidad, la igualdad y el reconocimiento de la identidad campesina.
La jueza Ángela Cristina Dussán Cáceres amparó esos derechos. Su decisión estableció que las expresiones campesino, campesina y campesinado cuentan con una protección particular dentro del ordenamiento constitucional colombiano.
La sentencia distingue entre identidad campesina y actividad económicaEl fallo se sustentó en el Acto Legislativo 01 de 2023, que modificó el artículo 64 de la Constitución. Esa reforma reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional.
Para el juzgado, esa condición impide que la identidad campesina sea reemplazada por una expresión que define únicamente una actividad económica. La sentencia indicó que ambas categorías no tienen el mismo alcance.
“El punto central del asunto radica en establecer si ‘campesino’ y ‘pequeño empresario del campo’ constituyen expresiones equivalentes”, señaló la jueza. La respuesta del despacho fue que no lo son.
La decisión aclaró que una persona campesina puede ser productora o empresaria rural. El Gobierno podrá seguir usando esas denominaciones para fines económicos o de política pública, pero no podrá presentarlas como sustitutas de la identidad campesina.
La orden judicial establece que Dangond deberá precisar que las tres palabras protegidas por la Constitución son categorías dignas y que el Estado no buscará eliminarlas de sus comunicaciones generales.
Grisales celebró la decisión y afirmó que el ministro tendría que retractarse por haber calificado como despectivas las palabras campesino, campesina y campesinado. El congresista sostuvo que la sentencia representaba una victoria para la dignidad del campesinado.
“Hoy gana el campesinado colombiano, hoy gana la dignidad”, manifestó el representante a la Cámara al reaccionar a la orden emitida por el juzgado.
No obstante, la jueza no ordenó una retractación general de Dangond sobre esa afirmación. La sentencia consideró que la calificación de la palabra campesino como despectiva correspondió a un juicio de valor protegido por la libertad de expresión.
El despacho descartó imponerle al ministro la obligación de retirar esa opinión. Tampoco le prohibió emplear la expresión pequeños empresarios del campo en las políticas o comunicaciones de su cartera.
La medida se concentró en exigir una disculpa pública y una aclaración institucional: las categorías campesino, campesina y campesinado no pueden ser borradas ni reemplazadas de forma general en el lenguaje estatal.