Caso Liceo Naval: jueza ordena internamiento de seis adolescentes en Maranguita por presunta violación sexual
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Seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise permanecerán internados preventivamente durante cuatro meses por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años. El Tercer Juzgado de Familia de Lima acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la medida más restrictiva adoptada hasta ahora en un caso que también ha motivado disposiciones de protección para el agraviado y la intervención temporal del colegio por parte del Ministerio de Educación.
La decisión alcanza a parte de los diez escolares retenidos inicialmente tras la denuncia. Otros cuatro continuarán el proceso en libertad, mientras las autoridades buscan establecer la participación que habría tenido cada uno en los hechos ocurridos durante el traslado de estudiantes después de una actividad deportiva.
La resolución se conoció después de que venciera el plazo de 48 horas de retención y luego de las primeras diligencias fiscales. Entre ellas estuvieron las declaraciones de los involucrados, efectivos policiales y familiares, el reconocimiento médico legal y el testimonio del adolescente agraviado mediante Cámara Gesell.
El internamiento preventivo no constituye una condena. Se trata de una medida cautelar destinada a garantizar la presencia de los adolescentes durante el proceso, mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos para individualizar responsabilidades.
Serán trasladados a un centro juvenilLos investigados sujetos a internamiento quedarán bajo el sistema administrado por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargado de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Durante los próximos cuatro meses deberán cumplirse las pericias y diligencias pendientes para esclarecer qué ocurrió dentro del vehículo y qué conducta se atribuye específicamente a cada escolar.
Los otros cuatro adolescentes retenidos recuperaron su libertad tras la evaluación individual realizada por la Fiscalía. Según Jorge Petrozzi, abogado de la familia del estudiante, estos jóvenes no estarían considerados como participantes directos o indirectos en la agresión denunciada.
La Fiscalía había solicitado el internamiento contra los alumnos que continuaban directamente vinculados a las actuaciones judiciales después de las primeras diligencias. El requerimiento fue presentado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro.
Poder Judicial ordenó medidas para proteger al estudianteEn paralelo, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas para resguardar la integridad física y psicológica del adolescente de 16 años y evitar posibles episodios de hostigamiento.
Entre ellas, prohibió que los investigados contacten o realicen acciones contra el agraviado mediante espacios privados o plataformas como WhatsApp y Facebook. También dispuso terapias psicológicas obligatorias para los involucrados.
La resolución ordenó además que la comisaría del sector efectúe patrullaje periódico semanal en el domicilio del estudiante, como parte de las medidas de protección adoptadas mientras continúa el proceso.
La familia había denunciado que el adolescente sufría desde antes maltratos, bromas e insultos de carácter racial por parte de compañeros. Esos antecedentes han ampliado las preguntas sobre qué conocía el colegio acerca de la situación del estudiante y cómo respondió ante episodios previos de hostigamiento.
Tras conocerse la denuncia, la Marina de Guerra separó preventivamente de sus funciones a la directora del plantel, a un docente y al entrenador de fútbol, mientras otras instituciones iniciaron actuaciones para revisar el cumplimiento de los protocolos escolares.
No es el primer caso grave que involucra al colegioLos hechos denunciados también hicieron reaparecer antecedentes de violencia vinculados al Liceo Naval Almirante Guise.
Infobae recogió el testimonio sobre un episodio ocurrido durante un viaje de promoción a Punta Cana, cuando una estudiante denunció haber sido víctima de violación sexual. El hecho llegó a los tribunales y uno de los involucrados recibió ocho meses de internamiento en un centro juvenil, según la información conocida sobre aquel expediente.
El caso actual vuelve además a poner el foco sobre una problemática que supera a una sola institución. Entre enero y agosto de 2026, el sistema SíseVe registró más de 11 mil reportes de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes en el país.
La investigación sobre lo ocurrido el 15 de septiembre entra ahora en una etapa decisiva: además de esclarecer la agresión denunciada, las autoridades deberán determinar qué participación tuvo cada adolescente y si existieron otras responsabilidades antes, durante o después de los hechos ocurridos en el bus escolar.