Caso Liceo Naval: seis jóvenes fueron trasladados a sede del Ministerio Público
Seis de los diez adolescentes retenidos por la ...
Seis de los diez adolescentes retenidos por la investigación de una presunta agresión sexual contra un menor de edad del Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados este viernes desde la comisaría de familia Bertha González Posada Eyzaguirre, en el Cercado de Lima, hacia la sede del Juzgado de Familia ubicada en la avenida Abancay. El desplazamiento se produjo en medio de las diligencias relacionadas con el caso.
De acuerdo con información de TVPerú, Los menores salieron de la dependencia policial completamente cubiertos con sábanas, frazadas y mantas para evitar su exposición durante el traslado. Luego abordaron un bus de la Policía Nacional del Perú, que permaneció resguardado por varios agentes mientras se retiraba del lugar.
Mientras tanto cuatro jóvenes continúan en la comisaría Bertha González después de la salida de sus compañeros. El plazo de 48 horas de retención está previsto para culminar a las 5 p. m. de este viernes.
Al tratarse de menores de edad, el caso se encuentra sujeto a las reglas correspondientes al sistema de justicia penal juvenil. Cualquier medida que corresponda deberá ser determinada por las autoridades competentes de acuerdo con los elementos obtenidos durante la investigación.
El caso permanece en investigación y la responsabilidad individual de los adolescentes deberá establecerse conforme avance el procedimiento. Por ahora, las diligencias buscan esclarecer las circunstancias de la presunta agresión denunciada y determinar la participación que habría correspondido a cada uno de los investigados.
Caso Liceo Naval: adolescentes investigados podrían recibir hasta seis años de internamientoLos adolescentes investigados por la presunta agresión sexual podrían afrontar una medida de internamiento de hasta seis años, de acuerdo con la explicación de la abogada María Elena Portocarrero a Infobae Perú. La especialista precisó que, al tratarse de menores de edad, el caso debe analizarse bajo las reglas de responsabilidad penal juvenil.
La letrada señaló que el periodo de internamiento no necesariamente sería igual para todos los investigados. La consecuencia que corresponda a cada uno dependerá del nivel de participación que se logre establecer durante las diligencias. En ese sentido, la investigación deberá determinar quiénes habrían intervenido directamente, quiénes pudieron colaborar y qué papel cumplieron los demás adolescentes presentes en el lugar.
La situación de los adultos que se encontraban a cargo de los estudiantes será examinada bajo un régimen distinto. Según Portocarrero, las autoridades deberán establecer qué conocían los profesores responsables del traslado, qué observaron y si adoptaron alguna medida ante una eventual situación de riesgo. La especialista mencionó la posibilidad de una investigación por omisión de socorro, aunque evitó precisar una eventual pena, debido a que esta dependerá de la calificación jurídica y de los elementos que sean acreditados.
Otro punto planteado por la abogada es la revisión de posibles denuncias o reportes anteriores relacionados con hechos de violencia dentro de la institución educativa. A su criterio, corresponde verificar qué antecedentes existían y cuál fue el trámite que recibieron.
En paralelo, Portocarrero consideró prioritario adoptar medidas de protección para el menor afectado, tanto en el ámbito físico como emocional. Respecto de una eventual reparación económica, explicó que esta deberá establecerse posteriormente, una vez determinadas las responsabilidades correspondientes.
