Comienza el martes el primer juicio a Ignacio González por el caso de corrupción Lezo
Madrid, 11 oct (EFE).- La Audiencia Nacional iniciará este martes el primer juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP...
Madrid, 11 oct (EFE).- La Audiencia Nacional iniciará este martes el primer juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, por el que fue detenido en 2017 y estuvo más de seis meses en prisión provisional.
En este juicio, la Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, para un hermano y un cuñado suyos y para otros dos acusados por dos supuestos delitos de cohecho.
Están acusados de presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en instalaciones de la empresa Canal de Isabel II y de un contrato para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de este ente público de la Comunidad de Madrid.
En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que Canal de Isabel II convocó el 14 de enero de 2003 un concurso para la ejecución del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito, que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros.
El objeto del proyecto consistía en la remodelación del depósito de agua y la ejecución de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto.
El fiscal explica que en junio de 2004 Ignacio González -que entonces era vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid que encabezaba Esperanza Aguirre y presidente de Canal de Isabel II- y el también acusado Ildefonso de Miguel -que era director gerente de esta empresa pública- impulsaron y facilitaron la tramitación de un modificado del concurso para beneficiar a familiares del primero.
Advierte de que lo hicieron a pesar de que debería haberse convocado una nueva licitación atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, entre otras un incremento del 37,94 por ciento del presupuesto inicial.
En concreto, decidieron cambiar los usos asignados a las instalaciones en el concurso eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyendo un campo de golf con césped artificial.
El Ministerio Público agrega que ambos convinieron con Dragados que Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado con la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), cuyos socios eran los otros tres acusados, José Antonio C.M., Pablo G.G. y Juan José C.E..
Según indica el escrito del fiscal, estos dos últimos, hermano y cuñado de Ignacio González, ostentaban su titularidad en esa sociedad a través de personas interpuestas para ocultar sus vínculos familiares con el entonces vicepresidente.
La aprobación y adjudicación de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración de Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006 "meced a la intervención de Jaime González e Ildefonso de Miguel", señala la Fiscalía.
Además, Canal de Isabel II convocó el 27 de julio de 2006 otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de Canal de Isabel II-Tercer Depósito y el 27 de diciembre siguiente el Consejo de Administración del ente público acordó su adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por TCT y otras dos sociedades por 3.250.000 euros y un plazo de ejecución de cinco años.
"De todos los asistentes a este Consejo solo Jaime González e Ildefonso de Miguel conocían el vínculo familiar del primero con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón del mismo", destaca la Fiscalía.
Concluye que "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiaria indebidamente con al menos 504.780 euros de fondos públicos asignados a tales contrataciones".
Además de la pena de seis años de cárcel, el fiscal solicita que los acusados sean condenados a 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y a que paguen una multa cada uno de 550.000 euros, así como del decomiso de los 504.708 euros correspondientes a los beneficios supuestamente indebidos obtenidos por TCT. EFE
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