Cómo se gestó el juicio de YPF, el más grande que tiene la Argentina y que podría terminar con algunos millones para la familia Eskenazi
La trama judicial que se inició hace muchos años, después que las desprolijidades del gobierno kirchnerista que ingresó en malón a YPF, ha empezado a transcurrir los últimos y más importante...
La trama judicial que se inició hace muchos años, después que las desprolijidades del gobierno kirchnerista que ingresó en malón a YPF, ha empezado a transcurrir los últimos y más importantes casilleros. Y, para entender, cada uno que se consume significan miles de millones de dólares.
La impronta estatizadora del segundo gobierno de Cristina Kirchner y sus laderos energéticos Julio Miguel De Vido y Axel Kicillof tuvo su momento de éxtasis cuando en abril de 2012 se estatizaron las suficientes acciones de Repsol que permitieron tener al Estado el 51% del paquete accionario de la petrolera YPF. De ahí en más, todo fue un peregrinaje judicial para pagar los errores y horrores que cometieron los amantes del Estado presente.
Ahora bien, cómo fue ese camino que terminó en una condena por US$16.100 millones.
La familia Eskenazi era la accionista original de Petersen Energía Inversora SAU y Petersen Energía SAU, dos empresas españolas a través de las cuales ingresaron a YPF. Estas compañías eran las dueñas de las acciones de la petrolera, así como también de la deuda que el grupo tomó para comprarlas.
Cuando YPF dejó de pagar dividendos post expropiación, la familia Petersen no pagó más su deuda y lo que vino fue el concurso en España. En ese proceso se nombró un síndico que manejó la quiebra y controló el proceso.
Fue el síndico el que encontró que el único activo, además de las acciones de YPF que tenía la compañía y que nunca fueron expropiadas, era la posibilidad de un juicio en Nueva York contra el Estado argentino por no haber acatado los estatutos de YPF ante el cambio de control que se dio en la sociedad cuando se nacionalizó.
Respecto de las acciones, se vendieron para pagar parte de la deuda. En el caso YPF, Burford llegó a un acuerdo comercial para financiar el litigio a través de una subasta pública organizada por el Juzgado Mercantil 3 de Madrid en 2015.
Burford ofertó 15 millones de euros, a lo que se le debe sumar el 30% del monto final que se pague en el marco del proceso. Acá viene una de las respuestas a las preguntas que siempre flota el juicio. ¿Podrán los Eskenazi recibir algo de dinero de esta millonaria paga que debería hacer el país cuando la sentencia esté firme?
En principio, ese 30%, que en caso de que se confirme el monto actual sería unos US$5000 millones, se destinaría para pagar a los acreedores de la quiebra. Y si hubiere algún sobrante, pues entonces sí iría a los accionistas de las sociedades españolas. Es decir, a la familia Eskenazi.
En los procesos de quiebra, el síndico tiene que cancelar a los acreedores que han homologado sus créditos en el proceso. Según datos que surgen del expediente, el monto actual de la deuda de las empresas Petersen, en aquel proceso español, llegaría alrededor de US$5000 millones, una cifra a la que se llega de calcular la deuda impaga desde 2012 más los intereses compuestos del 10% anual por 13 años.
En el fondo Bufford hacían cuentas durante este tiempo. Un par de emisarios intentaron abrir una línea de negociación con el Gobierno, ya que, según sus datos, cada año que pasa se acumulan más de US$2 millones en intereses. A diferencia del sistema legal de la Argentina, en la justicia americana es muy común poder resolver disputas con acuerdos privados.
Actualmente, el proceso transcurre por varios carriles. Por un lado, la jueza Preska resolvió sobre la entrega de acciones de YPF a los demandantes como parte de pago. A su vez, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito debe resolver una apelación presentada por la Argentina en el caso de expropiación de YPF. Una aclaración, la parte o partes que pierdan la apelación tienen derecho a presentar un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Mientras tanto, en paralelo, se mantiene el juicio de discovery, donde se recolecta evidencia para ver si declara o no a ciertas compañías del Estado, YPF entre ellas, como alter ego del Gobierno de la Argentina y así poder hacerse de sus activos.