La previa de la campaña electoral encuentra al kirchnerismo en el peor momento de sus 20 años de vida política a nivel nacional: con una inflación galopante que apunta a 130/150% anual; mayor pobreza; movilidad social descendente; reservas exhaustas en el Banco Central (BCRA); brecha cambiaria superior a 100%; magro crecimiento económico; éxodo de jóvenes profesionales; inseguridad, narcotráfico e impunidad; descrédito internacional y sin candidatos competitivos para ganar en primera vuelta la elección presidencial.

A pesar de este clima de fin de ciclo (o “game over”), Cristina Kirchner no se privó ante su núcleo duro de votantes movilizados el jueves en Plaza de Mayo de aferrarse a su clásico y engañoso discurso populista, además de atacar a la Corte y victimizarse por su situación judicial. Tras haberse autoexcluido como candidata y dejado abierta la interna del fragmentado Frente de Todos, sólo los militantes de La Cámpora –rentados o no– pueden creer que los dramas socioeconómicos que padece la Argentina no son responsabilidad kirchnerista. Y que el progreso futuro del país consistiría en volver al pasado irrepetible de bonanza económica del período 2003/2007 malgastada en los ocho años posteriores, pero ahora sin recursos ni programa y exclusivamente a base de voluntarismo.

Se perdieron 12 empresas por día en promedio desde que asumió el Frente de Todos

El Estado “así de chiquitito” en 2003 descripto por CFK –y del que vivió a lo largo de toda su carrera política–, duplicó su gasto con relación al PBI en los 12 años de gestión K a fuerza de subsidios, moratorias previsionales, reestatizaciones y burocracia bien remunerada. Hasta que se transformó en imposible de financiar sin mayor endeudamiento y/o emisión, incluso con récord de presión tributaria. A mayor gasto público, mayor fue la inflación y menor el crecimiento económico por habitante por el desaliento de la inversión privada.

Una evidencia de esta realidad fue en 2021 el fracaso del plan “platita”. Destinado tácitamente a “comprar” votos a costa de extender la fenomenal emisión de pesos justificada previamente por la cuarentena, no sirvió para torcer el rumbo que llevó al FdT a su traumática derrota en las elecciones legislativas. En vez de pisar el freno, el Gobierno apretó el acelerador para forzar –junto con el atraso cambiario– un rápido rebote de la economía, aunque terminó por diluir la insostenible política de precios máximos y realimentar la inflación. Salvando las distancias, CFK había aplicado una estrategia similar a partir de 2008. Luego de superar el conflicto con el campo y la crisis financiera global con el superávit fiscal primario heredado de la gestión de su esposo (4% del PBI), continuó cebando la bomba del gasto público y la emisión hasta desembocar en el cepo cambiario tras su reelección en 2011. Al finalizar su segundo mandato, dejó como herencia un déficit primario de 4% del PBI; nulo crecimiento económico; al BCRA sin reservas a fin de 2015 y al país sin estadísticas confiables, además de un fenomenal atraso tarifario y cambiario. Aun así, la vicepresidenta sigue reivindicando la gestión ministerial de Axel Kicillof y su teoría de que financiar al Estado con una desmesurada emisión de pesos no es la principal causa de la actual inflación de tres dígitos, sino producto de “cuatro vivos”. Tampoco admite que los precios de bienes y servicios que pagan los consumidores incluyen entre 30 y 75% de impuestos nacionales, provinciales y municipales según los casos.

En 2023, la situación es todavía más compleja, ya que no deja márgenes para aumentar el gasto público en términos reales sin elevar el déficit primario, que apunta a 3% del PBI. El tremendo impacto bajista de la sequía sobre la producción agropecuaria y su cadena de valor, el ingreso de dólares y la recaudación por retenciones hubiera justificado un replanteo de prioridades; o al menos, alguna señal de austeridad. Pero no impidió la compra del avión presidencial (US$25 millones), el pase masivo a planta permanente de 30.000 empleados públicos contratados o la creación de unidades ejecutoras para programas de dudosa necesidad o urgencia.

En cambio, se recurrió al atraso en los pagos a contratistas de obras públicas, que desacelera la actividad en la construcción; a petroleras por el Plan Gas; y a subsidios a empresas de transporte en el AMBA, pese a la indexación de tarifas que rige desde marzo y no permite recuperar el atraso previo debido a la mayor inflación.

La falta de reservas y recursos genuinos obliga al oficialismo –en vísperas de la campaña electoral– a “vender humo” bajo la forma de aparentes buenas noticias de corto alcance, al sólo efecto de disimular la crisis provocada por la aceleración inflacionaria, el deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y la escasez de insumos importados para numerosos sectores industriales.

El mayor activismo en este terreno está a cargo de Sergio Massa en su doble rol de ministro de Economía y precandidato presidencial. Desde hace varias semanas no pasa un día –incluso sábados, domingos y feriados–, sin que su cuenta de Twitter incluya anuncios de todo tipo, con fotos, videos y hasta transmisiones en vivo de sus breves discursos, con las previsibles felicitaciones de sus seguidores. Por su lado, la oficina de prensa del Ministerio reenvía la misma información por Whatsapp a periodistas y medios para ampliar la repercusión; en algunos casos, se anticipan anuncios para ser publicados un día y repetidos al siguiente cuando se concretan.

Dentro de este listado de anuncios y actividades, pueden citarse la elevación del piso mínimo de Ganancias para asalariados (a $506.000 brutos mensuales); el aumento de jubilaciones por movilidad automática (21,9%) más los bonos de suma fija en junio, julio y agosto; el lanzamiento del “Plan Irrigar” (US$2000 millones para 96 proyectos); la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner (cuando aún faltan las pruebas hidráulicas antes de su inauguración el 20 de junio y la instalación de dos plantas compresoras en el próximo verano); la dudosa importación de frutas, verduras y hortalizas por parte del Mercado Central de Buenos Aires; el envío al Congreso del proyecto de ley de blanqueo; sanciones a dos empresas líderes y una cadena de supermercados por incumplimiento de los “precios justos” y un régimen de “motopartismo”.

También aparece el aumento en los límites de compras con tarjetas de crédito para impulsar el consumo, presentada de forma grandilocuente como “más de 39 millones de tarjetas podrán comprar un 30% más”, aunque la ampliación equivale a la inflación del primer trimestre. Esta medida, bautizada como plan “tarjetita” por el economista Enrique Szewach, se aplica a las tarjetas emitidas por bancos públicos, ya que los privados suelen ajustar los límites periódica y selectivamente según el perfil de ingresos y capacidad de endeudamiento de sus titulares.

Para su colega Carlos Pérez, director de la Fundación Capital, se trata de “gotas de agua en el océano”, ya que el Estado desplaza al sector privado como destinatario del crédito. Otro tanto ocurre con la ampliación en $30.000 millones de la línea de crédito a tasa subsidiada (76% anual) para fomentar la inversión de las pymes.

Mientras Massa se apresta a viajar a China y Estados Unidos para conseguir dólares, los argentinos se apuran a desprenderse de los pesos antes de que sigan perdiendo valor. Sin ir más lejos, el nuevo billete de $2000 ya resignó casi 23% de su equivalencia en dólares (blue), al bajar desde US$5,25 cuando en febrero se aprobó su emisión hasta US$4 ahora que comenzará a circular.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/de-comprar-votos-en-2021-a-vender-humo-en-2023-nid27052023/