Denuncian a escoltas de la UNP que siguen cobrando por sus servicios aunque protegida lleva 17 meses fuera del país
Infobae Colombia conoció que en Cali se radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que Wilson Javier Devia Pérez, representante legal de la organización sindical UT UNP, ...
Infobae Colombia conoció que en Cali se radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que Wilson Javier Devia Pérez, representante legal de la organización sindical UT UNP, expuso presuntos actos de corrupción por parte de los vinculados al esquema de seguridad de María Isabel Chávez Giraldo.
El líder sindical afirma que los funcionarios y varios particulares incurrieron en conductas delictivas relacionadas con peculado por apropiación, peculado por uso y falsedad en documento público.
En los detalles del caso, se afirma que desde junio de 2022 Chávez Giraldo era protegida por la Unidad de Protección Nacional, que le otorgó un esquema completo que incluye un vehículo; sin embargo, el denunciante afirma que desde diciembre de 2024 la mujer está fuera del país, lo que tendría que haber sido notificado a la entidad.
Desde entonces, los dos escoltas de seguridad que debían proteger a Chávez han seguido cobrando cerca de 26 millones mensuales, lo que incluye sus salarios, viáticos y la facturación por el arriendo del automóvil, que no ha sido entregado a la unidad a pesar de la ausencia de la beneficiaria.
En la denuncia se afirmó que durante la ausencia de la mujer se ha registrado una valoración de riesgo con la que se reafirmó la asignación de la protección, pero esta fue realizada de manera virtual y sin ningún tipo de verificación presencial por parte de funcionarios de la UNP.
El líder sindical señaló la responsabilidad de Ana Jiménez Penagos, coordinadora de la UNP en Popayán, que le afirmó al denunciante que el esquema estaba protegiendo a los padres de la beneficiaria, pero estos fallecieron hace más de diez años.
Devia Pérez habría intentado contactarse con los escoltas, pero estos se presentaron a las oficinas de la entidad sin el vehículo asignado, sobre el que afirmaron que estaba siendo reparado; además, mencionaron que la protegida estaba en un resguardo indígena.
Para el líder social, este caso ha provocado un detrimento patrimonial de hasta mil millones de pesos, puesto que los salarios, viáticos y todo lo relacionado con la protección de la mujer se ha seguido pagando desde hace 17 meses sin que sea necesario.
A esta denuncia se suma el caso revelado por el mismo líder sindical, que acusa a Javier Eduardo Cáceres Valencia de mantener un esquema de seguridad en Villa del Rosario, Norte de Santander, a pesar de estar fuera del país en condición de asilo político. La información aportada por el denunciante sugiere que tanto Cáceres Valencia como María Isabel Chávez Giraldo participaron en operaciones de estafa a través de una fundación denominada Fevcol, dedicada a ofrecer refugio y residencia en el extranjero bajo la presunta condición de víctimas.
En el caso de Cáceres Valencia, el esquema de protección habría generado una facturación anual de más de 600 millones de pesos, incluyendo combustible, escoltas, viáticos de los mismos y el uso de vehículos blindados.
El denunciante, además de detallar los nombres y documentos de identidad de los presuntos implicados, incluyó a la funcionaria Jiménez Penagos por su posible papel en la supervisión y control de los esquemas de protección. El texto puntualiza que la funcionaria habría informado a los responsables del área de riesgos que los escoltas y el vehículo seguían asignados a los padres de la beneficiaria, a pesar de que estos no estaban vivos.
En el relato de los hechos, el denunciante sostiene que la información fue obtenida mediante canales sindicales y que la organización UT UNP busca que las autoridades adopten medidas para determinar la existencia de una apropiación indebida de recursos del Estado.