Disidencias de alias Calarcá y otros grupos armados también tendrían zonas de ubicación temporal otorgadas por el Gobierno Petro: dónde estarían

En medio de la polémica por la pelea del Gobierno nacional con la Fiscalía General de la Nación por cuenta de la negativa a suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golf...

En medio de la polémica por la pelea del Gobierno nacional con la Fiscalía General de la Nación por cuenta de la negativa a suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo para instalarse en las zonas de ubicación temporal (ZUT), se conoció que el Ejecutivo también prepara estos espacios para otros grupos armados.

En medio de su estrategia de paz total, el Gobierno Petro también busca crear ZUT para organizaciones como el Frente Comuneros del Sur, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33 de las disidencias de alias Calarcá, y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, según información revelada por Noticias RCN.

Estos espacios resultan ser un beneficio para los integrantes que se acogieron a la estrategia de paz del Gobierno, pues las ZUT les permite reunirse sin riesgo de operativos militares en su contra.

Según el medio nacional, ya están listas ZUT para los grupas armados y abarca varias regiones: Mallama, en Nariño se instalaría el Frente Comuneros del Sur; en Tibú, en Norte de Santander, quedaría ubicado el Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33.

Asimismo, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano tendría dos espacios en los municipios de Roberto Payán en Nariño y Valle del Guamuez en Putumayo, y el Clan del Golfo quedaría ubicado en el municipio de Tierralta en Córdoba y Belén de Bajirá y Unguía en el Pacífico colombiano. Estos espacios, a cielo abierto, se han dispuesto para facilitar el avance de los diálogos de paz.

La implementación de estas zonas tiene un aspecto polémico: algunos de los cabecillas que podrían hacer uso de ellas tienen órdenes de extradición vigentes. Entre los nombres señalados se encuentran Jobanis de Jesús Ávila, conocido como Chiquito Malo y perteneciente al Clan del Golfo; Javier Velosa, alias John Mechas del Frente 33; y Andrés Allende, de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

Durante el desarrollo de los diálogos, los líderes de estos grupos podrían permanecer en las ZUT sin temor a ser capturados por las autoridades, pese a los procesos judiciales pendientes.

Esta situación ha generado inquietud, especialmente porque la Corte Suprema ya había autorizado la extradición de figuras como Willington Henao (Mocho Olmedo) y Giovanni Rojas (Araña), pero el presidente ha decidido suspender temporalmente esas entregas en espera de resultados positivos en la negociación con los grupos armados.

La pelea entre la Fiscalía y el Gobierno nacional por cuenta del Clan del Golfo

La Fiscalía ratificó la vigencia de 29 órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo tras una reunión entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y el consejero Otty Patiño, lo que postergará el traslado de estos integrantes a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para avanzar en la negociación de paz con el Gobierno. Esta definición obstaculiza el inicio de una nueva etapa del proceso, que el Ejecutivo planeaba implementar desde el 25 de junio.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución No. 0-142 de 2026, documento en el que la Fiscalía General de la Nación enfatizó que solo suspenderá las órdenes de captura cuando reciba información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales y el avance real de los compromisos asumidos en la mesa de diálogo.

Entre los puntos que la fiscal Camargo exigió acreditar figuran la entrega de armas, la liberación de menores reclutados, la cooperación para ubicar a personas desaparecidas, la suspensión de cualquier violación al derecho internacional humanitario y a la población civil, así como el desmonte de las estructuras financieras del grupo armado.

El 14 de mayo se formalizó un encuentro de más de tres horas entre la fiscal y el consejero de Paz tras un debate originado en abril, cuando la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aceptó “de buena fe” el listado de los 29 miembros y solicitó suspender las capturas para facilitar su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal.

El Gobierno considera que la presencia de estos cabecillas en cinco áreas específicas es esencial para continuar el diálogo. Sin embargo, Camargo reiteró que “la suspensión temporal de órdenes de captura y la puesta en funcionamiento de las Zonas de Ubicación Temporal no interrumpen el ejercicio de la acción penal ni afectan las competencias constitucionales y legales de investigación, acusación y juzgamiento”.

El consejero Otty Patiño expresó mediante un comunicado su desacuerdo con la postura del ente acusador, advirtiendo que la Ley 2272 de 2022, que sustenta la política de paz de Estado, condiciona este tipo de suspensiones a las propias normas y no a la “valoración discrecional” de la fiscal.

“Toda actuación en mi calidad de Comisionado de Paz y de la Consejería que dirijo, se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley. En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía General de la Nación, siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público, sin interferir en el ejercicio de la acción penal”, explicó el funcionario.