El fármaco que ralentiza el alzhéimer ya está en España, pero solo en la privada y cuesta hasta 85.000 euros: “Ya llegamos a casi treinta pacientes”

En 2025, la Unión Europea aprobó la comercialización de dos nuevos fármacos dentro de la Unión. Se trataba de lecanemab (con nombre comercial Leqembi) y donanemab (Kisunla), dos prometedores m...

En 2025, la Unión Europea aprobó la comercialización de dos nuevos fármacos dentro de la Unión. Se trataba de lecanemab (con nombre comercial Leqembi) y donanemab (Kisunla), dos prometedores medicamentos contra el alzhéimer y los únicos capaces de ralentizar el deterioro cognitivo de los pacientes. España ha aceptado que se vendan en su territorio, pero no los financiará, por lo que la terapia solo será accesible en la sanidad privada.

La decisión ha sido duramente criticada por profesionales y pacientes sanitarios. Las organizaciones critican que la decisión de no financiarlo levanta una barrera económica en la sanidad española que deja fuera a los pacientes más pobres.

Quienes sí pueden costearse el medicamento ya han podido acceder a él desde la sanidad privada. El neurólogo Mario Riverol lleva desde el 14 de septiembre facilitando donanemab a sus pacientes en la Clínica Universidad de Navarra, primer hospital español en hacerse con la prescripción. “Ya llegamos a casi treinta pacientes; la mayoría ya los tenía en mi consulta, pero otros vienen remitidos por compañeros que conocen que nosotros estamos aplicando estos tratamientos”, explica a Infobae.

Un fármaco que no cura el alzhéimer

Donanemab y lecanemab son dos anticuerpos contra la amiloide, una sustancia que se acumula en el cerebro y hace que ciertas proteínas pierdan su forma original, se plieguen y dejen de funcionar correctamente. Aunque cada uno procede de forma distinta, “ambos fármacos hacen lo mismo, es decir, limpian el amiloide del cerebro y ralentizan la evolución de la enfermedad”, explica el doctor Riverol.

En concreto, donanemab se administra por vía endovenosa una vez al mes durante 18 meses. “Cuando se ve que ya no hay amiloide formando placas, se deja de dar”, indica el doctor. La amiloide “se puede volver a reacumular, pero tarda muchos años en volver a los niveles normales”, agrega.

Los resultados son difíciles de observar, sobre todo a corto plazo, pues este medicamento no está hecho para curar o revertir los efectos del alzhéimer, sino para ralentizarlos. “Lo que se ha visto en los ensayos clínicos es que los pacientes tratados están mejor que los no tratados a los 18 meses”, explica el neurólogo.

“Poder ofrecerles a los pacientes y a sus familias otras alternativas realmente significa un cambio de paradigma”, valora Riverol. “Hasta ahora, fundamentalmente teníamos fármacos sintomáticos que mejoran la transmisión entre las neuronas, pero por primera vez contamos con fármacos que modifican la evolución de la enfermedad y verdaderamente ha sido una gran ilusión tanto para los pacientes como para nosotros”, explica.

Hasta 85.000 euros por paciente

Si la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) rechazó financiar lecanemab y donanemab fue, en parte, por el precio: ambos medicamentos son demasiado caros para la efectividad clínica que prometen.

Ambos anticuerpos antiamiloides logran disminuir el deterioro cognitivo en un 25-30%, pero tan solo serían efectivos en personas en fases tempranas de la enfermedad y que tengan una o ninguna copia de los genes APOE4, uno de los principales factores de riesgo genético conocidos del alzhéimer. Esto equivaldría, aproximadamente, al 5% de los pacientes. “Los tratamientos de los que estamos hablando tienen un valor clínico muy dudoso y han sido puestos en duda por múltiples agencias de evaluación de todo el mundo”, valoró el pasado mes de julio el secretario de Estado, Javier Padilla.

La evidencia científica es también limitada. Los últimos estudios estudian su eficacia a 18 meses, mientras se amplían las investigaciones a largo plazo. La propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) recalca en su informe de posicionamiento que “la ausencia de datos controlados mantiene la incertidumbre sobre la durabilidad del efecto, la posible atenuación del beneficio con el tiempo y el posible impacto asociado a la pérdida de volumen cerebral”, así como a los efectos acumulativos que podría causar a largo plazo.

Para estos resultados, el precio de donanemab en Estados Unidos, donde se utiliza desde hace ya tres años, es de 32.000 dólares al año por paciente (unos 27.864 euros); mientras que lecanemab cuesta unos 26.500 dólares anuales (unos 23.075 euros).

El tratamiento exige más que pagar por el fármaco: el diagnóstico, las infusiones periódicas y el seguimiento necesario disparan el coste. Desde el portal Centro Neuromédico, calculan que los primeros 18 meses pueden costar entre 60.000 y 85.000 euros por paciente, dependiendo del medicamento elegido.

Este elevado precio ha hecho que muchas personas se queden fuera del tratamiento, aunque pudiesen beneficiarse de él. “Por desgracia, que el ministerio haya decidido no financiar el fármaco hace que no todo el mundo pueda acceder a este tipo de fármaco por el elevado coste que supone”, lamenta Riverol.

Pacientes y neurólogos reclaman su financiación

Desde la Sociedad Española de Neurología, consideran que “restringir el acceso a estos tratamientos a la prescripción privada introduce una barrera económica que vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)” y consideran que su introducción en el sector público “no solo beneficiaría a los pacientes que reciben estos fármacos, sino a todos los pacientes con sospecha o afectados por algún tipo de deterioro cognitivo”.

“Por primera vez, disponemos de tratamientos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que ralentizan la progresión de la enfermedad”, celebraban desde la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA). No obstante, añaden, “la decisión de no financiación genera, además, una profunda desigualdad”. Bajo la campaña El NO ya no es respuesta, los pacientes piden a las administraciones públicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y que les tengan en cuenta a la hora de adoptar decisiones sanitarias.