El Ministerio de Defensa deberá instalar placa conmemorativa por la Toma al Palacio de Justicia dentro del Cantón Norte por orden de la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Ministerio de Defensa instalar una placa conmemorativa por las víctimas del Palacio de Justicia trasladadas al Cantón Norte y precisó que d...
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Ministerio de Defensa instalar una placa conmemorativa por las víctimas del Palacio de Justicia trasladadas al Cantón Norte y precisó que debe quedar en las caballerizas, no solo en la entrada.
La decisión de segunda instancia, fechada el 16 de septiembre de 2026 y contenida en el Auto TP-SA 2341 de 2026, resolvió una apelación de Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, una de las víctimas del holocausto registrado en noviembre de 1985.
Según el fallo, la cartera tendrá tres meses para cumplir la orden en el predio ubicado en la carrera Séptima con calle 106, al norte de la capital colombiana.
Del mismo modo, el Ministerio de Defensa deberá impartir una cátedra obligatoria de derechos humanos y memoria histórica sobre el Palacio de Justicia, así como pintar cuatro murales en las rejas exteriores y montar una exposición permanente en los museos del Ejército.
La orden corrige una decisión previa de la Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que había dispuesto una placa en la entrada del Cantón Norte. No obstante, la apelación sostuvo que esa ubicación era “subóptima”, por lo que la segunda instancia acogió ese argumento.
Helena Urán Bidegain, directora de la Fundación Carlos Urán – Memoria para la Democracia, pidió que “al menos, una de las placas conmemorativas sea dispuesta en el espacio que fueron en su día las Caballerizas”. La hija de Carlos Horacio Urán presentó esa solicitud en junio de 2023 y la JEP la resolvió tres años después.
Detalles del falloDe acuerdo con el documento, se recopilan declaraciones de víctimas que, en aquel momento, dijeron haber sido trasladadas desde la Casa del Florero hasta el Cantón Norte. Allí, algunas personas quedaron bajo el rótulo de “sospechosas” tras no contar con documentos para su plena identificación.
Según recopiló la sección de Apelación, en las caballerizas esas personas afrontaron interrogatorios y señalamientos por una supuesta participación en la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por la guerrilla del M-19. Así mismo, otros rehenes fueron llevados al Batallón Charry Solano, donde también los interrogaron y presionaron para que declararan.
La JEP indicó que la decisión se apoyó en el informe de la Comisión de la Verdad de 2010, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2014 en el caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia y en documentos de 2022 de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
La Corte Interamericana estableció en 2014 que varios sobrevivientes fueron llevados a la Escuela de Caballería del Ejército, “donde fueron torturados y luego desaparecidos”, según el comunicado. Ese documento añadió que el tribunal también valoró comunicaciones radiales entre militares que interpretó como una orden de desaparición forzada.
Otras medidas de la JEPLa decisión no se limita a la placa en las caballerizas del Cantón Norte. La Sección de Apelación del tribunal de paz también confirmó medidas para la Casa del Florero y el Cementerio del Sur, dos lugares ligados a los hechos.
En la Casa del Florero, “el Museo de la Independencia deberá mantener de forma permanente la sala 6 y 7 de noviembre de 1985 y ofrecer recorridos guiados”, según el comunicado. Igualmente, la Alcaldía de Bogotá deberá formular un proyecto de resignificación en los separadores de la carrera Séptima (centro de Bogotá).
Frente al Cementerio del Sur, en el Parque Zonal Villa Mayor (sur de Bogotá), se fijó la elaboración de murales de memoria compatibles con las labores de búsqueda de personas desaparecidas.
El mismo documento añadió que una mesa técnica con las víctimas construirá la ruta de la memoria que unirá los tres lugares. También precisó que lo que se instale deberá permanecer en el tiempo.
La JEP sostuvo en su comunicado que retrasar estas acciones aumenta el riesgo de que la historia “se deforme, difumine o se reescriba”. Ese argumento apareció junto a un antecedente en el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá.
Para la entidad, una placa instalada allí durante más de tres décadas describía los hechos como “el sacrificio trágico por fuerzas de la subversión” y omitía los crímenes cometidos durante la retoma. En 2023, dentro de este trámite, la JEP ordenó retirarla y en 2025 la reemplazaron por una nueva placa con otro mensaje.
Con esta decisión, la señal de memoria ya no quedará en el umbral del recinto militar, sino en el punto que la justicia ubicó como escenario de los abusos. La medida también busca que quienes pasan hoy por ese espacio dentro del Ejército convivan con ese registro de lo ocurrido.