Gobierno De la Espriella propone que la misión de la ONU deje de verificar la reforma rural: “Una naturaleza distinta”
En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrado el 12 de octubre de 2026 en Nueva York, Estados Unidos, el Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, hi...
En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrado el 12 de octubre de 2026 en Nueva York, Estados Unidos, el Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, hizo su petición para excluir la reforma rural integral del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016.
La solicitud fue expresada por Omar Bula Escobar, actual ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, ante los 15 integrantes del Consejo, en la que también mostraron su balance ante los logros que ha dejado la implementación del acuerdo alcanzado una década atrás entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.
En su intervención, el canciller sostuvo que, pese a que la implementación del Acuerdo Final seguirá siendo una obligación del Estado dentro de la Constitución, la ley y los compromisos jurídicos vigentes, la reforma rural integral requiere un tratamiento distinto al de la verificación internacional.
“La reforma rural integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”, mencionó el funcionario ante la ONU.
El funcionario añadió que las medidas contempladas en el primer punto del acuerdo exigen una acción institucional permanente y que, por su naturaleza, “trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación”. La solicitud se fundamenta en la posibilidad de modificar y revisar los mecanismos de seguimiento, sin poner fin a la vigencia de la Misión de Verificación.
“El acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para nuestros campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano. Su cumplimiento exige una acción institucional permanente de largo plazo que, por su propia naturaleza, trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación”, explicó.
Así mismo, enfatizó en que esta propuesta fue coordinada con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezado por Indalecio Dandong Baquero. Bula aseguró que el país cuenta con instrumentos normativos e institucionales “para sostener las políticas de acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo, aun sin ese componente de supervisión internacional”.
Reacciones a la peticiónLa solicitud del Gobierno de Colombia generó diferentes reacciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Dinamarca defendió que los compromisos ya asumidos siguen siendo estratégicos para la seguridad y la estabilidad del país.
La representación danesa afirmó que “la aplicación continuada de reforma rural seguirá contribuyendo a la paz y seguridad, fortaleciendo el desarrollo económico y las condiciones que mantienen las economías ilícitas”.
Entre tanto, Estados Unidos indicó que el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz continúa siendo esencial para una paz duradera, y recalcó que el Estado debe ejercer control total sobre el territorio y no las estructuras criminales.
El representante estadounidense cuestionó las políticas de la anterior administración y valoró los cambios aplicados durante los primeros 70 días del presidente De la Espriella. “Estamos pendientes a profundizar nuestra cooperación con la seguridad de Colombia”, dijo.
Por su parte, el representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, destacó la necesidad de implementar de forma integral el Acuerdo de Paz y anunció que la Misión de Verificación espera respaldar las políticas y programas del Gobierno con su presencia territorial.
Ampliar la Misión de Verificación pero con condicionesEn medio de la sesión, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella también propuso la extensión del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia pero con una serie de condiciones.
“Quiero ser claro en relación con lo que nos reúne hoy: el mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Nuestro compromiso permanece intacto”, afirmó Bula ante el organismo.
Además de la exclusión de la reforma rural integral, la administración también solicitó que la misión mantenga el monitoreo sobre la reincorporación y las garantías de seguridad para los exFarc.
El canciller resumió la orientación de la propuesta con una premisa: “Sin seguridad no hay paz”. Sostuvo que esa condición no se ha consolidado en Colombia durante la última década.
La exposición colombiana ante el Consejo de Seguridad estuvo marcada por un balance de seguridad que el Gobierno atribuyó al deterioro de los últimos cuatro años y a la política de “paz total” de Gustavo Petro.
En 2023, Colombia registró aproximadamente 253.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína, según las cifras expuestas por Bula. La producción representó un aumento de 53% frente al año anterior.
El jefe de la diplomacia colombiana también señaló que los secuestros aumentaron 250 % y que en 2025 se registraron 78 masacres, con 256 víctimas. Según su intervención, las organizaciones armadas ampliaron su control territorial, sometieron comunidades y disputaron corredores estratégicos mediante violencia, extorsión y economías ilícitas.
El reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos armados aumentaron 300% en cinco años, de acuerdo con las verificaciones de Naciones Unidas citadas por Bula. Entre 2023 y 2024, el incremento fue de 64%, y durante 2024 se documentaron más de 326 casos: en promedio, un menor fue reclutado o utilizado cada 20 horas.
La decisión sobre el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia será examinada por el Consejo de Seguridad el 30 de octubre.