Imputaron a 15 personas por una presunta red que falsificaba certificados para obtener pensiones por discapacidad en Salta
La Justicia federal de Salta imputó a 15 personas, entre ellas diez funcionarios o exfuncionarios públicos, por integrar una presunta organización dedicada a falsificar certificados médicos y d...
La Justicia federal de Salta imputó a 15 personas, entre ellas diez funcionarios o exfuncionarios públicos, por integrar una presunta organización dedicada a falsificar certificados médicos y documentación para obtener pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta.
La acusación fue formalizada por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, quien otorgó un plazo de un año para profundizar la investigación y dispuso, por el mismo período, la anotación de litis sobre bienes de los imputados.
La pesquisa se concentra principalmente en El Quebrachal y Joaquín V. González, donde la fiscalía detectó un circuito que, según su hipótesis, comenzaba con la captación de personas interesadas en acceder al beneficio y seguía con la confección de certificados médicos falsos, adulteración de estudios y diagnósticos de enfermedades inexistentes.
Entre los acusados figuran los médicos José B., Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, además de Oscar Luna, exgerente del hospital de El Quebrachal. Orellana es actualmente diputado provincial por Anta.
También quedaron imputados el exjefe de la sucursal de ANSES de El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; el bioquímico Luciano Benjamín Esteban; los empleados municipales Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares; y un kiosquero identificado como Hugo M.
La fiscalía les atribuyó, con diferencias según la función de cada uno, los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación comenzó en julio de 2024 y avanzó a partir de 26 allanamientos realizados en domicilios, consultorios, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales.
Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal institucional, en esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y listados de personas que presuntamente habían pagado para tramitar pensiones, pese a que la gestión es gratuita. Parte de los dispositivos ya fue peritada y, de acuerdo con la acusación, los mensajes permitieron reconstruir vínculos entre los investigados e identificar nóminas de personas que habían abonado o todavía adeudaban dinero.
La hipótesis fiscal sostiene que algunos aspirantes eran derivados hacia consultorios o clínicas privadas vinculadas con los propios imputados. Allí se extendían diagnósticos por patologías como Chagas, diabetes o problemas de columna, con porcentajes de incapacidad suficientes para satisfacer los requisitos del beneficio.
El bioquímico Esteban habría aportado estudios correspondientes a pacientes que efectivamente padecían determinadas enfermedades para que luego fueran utilizados en trámites de otras personas.
Uno de los roles más particulares atribuidos en la causa es el de Hugo M., propietario de un kiosco ubicado cerca del hospital de El Quebrachal. Los investigadores afirman que desde allí captaba potenciales beneficiarios, modificaba documentación y cargaba trámites por Internet.
La imputación también ubica a Salazar como una pieza relevante del esquema, ya que habría facilitado mecanismos para que personas ajenas a ANSES pudieran acceder al sistema y subir documentación.
Otro tramo del caso apunta al supuesto cobro de dinero a personas en condiciones económicas vulnerables. Los montos podían superar los $300.000 y, en determinadas gestiones o renovaciones, alcanzar $1 millón. Según la fiscalía, algunos interesados tomaron préstamos o vendieron animales y otros bienes para afrontar esos pagos.
Respecto de Orellana, Amad señaló que durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, avaló trámites de personas que no cumplían con los requisitos. También sostuvo que, en períodos electorales, habría ofrecido pensiones a cambio de votos.
Aunque la audiencia estuvo centrada en Anta, la investigación podría extender su alcance. Por pedido de la fiscalía, la Gendarmería Nacional elaboró un informe según el cual unas 9.000 de las 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta presentarían documentación apócrifa, incompleta o incumplimientos de requisitos.
A partir de esa estimación, el fiscal calculó un impacto económico de $3.240 millones mensuales y casi $40.000 millones anuales.
La causa tramita bajo el sistema acusatorio federal, vigente en Salta desde junio de 2019. En ese esquema, la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que el juez de garantías interviene en las medidas y planteos que requieren control jurisdiccional. Fue en ese marco que Amad formalizó las imputaciones y Anzorreguy fijó el plazo para continuar reuniendo evidencia.