Instituciones nicaragüenses coordinan detenciones, ocultamiento y bloqueo de recursos judiciales
La represión contra personas opositoras o percibidas como tales en Nicaragua no responde, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, a actuaciones aisladas de funcionarios...
La represión contra personas opositoras o percibidas como tales en Nicaragua no responde, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, a actuaciones aisladas de funcionarios individuales. El informe, presentado hoy bajo el título “Anatomía de la crueldad estatal. Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, identifica una estructura institucional coordinada que articula detenciones arbitrarias, ocultamiento de personas detenidas y bloqueo de los recursos judiciales destinados a proteger la libertad y la integridad de las víctimas.
La Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el sistema de justicia habrían participado, por acción u omisión, en un mecanismo que permite mantener a personas desaparecidas forzadamente durante días, meses o años. El Grupo afirma tener “motivos razonables para creer” que esta coordinación opera dentro de una cadena de mando que llega a los niveles más altos del Gobierno.
“Las desapariciones forzadas no son el resultado de conductas aisladas de funcionarios individuales”, señala el documento. Por el contrario, fueron “facilitadas y prolongadas mediante acciones y omisiones coordinadas” de diversas instituciones estatales.
El mecanismo inicia con la identificación y captura de la víctima. El informe documenta detenciones sin orden judicial, realizadas en viviendas, negocios, iglesias, espacios públicos y puestos fronterizos. Con frecuencia, los agentes no explican las razones del arresto, no muestran documentos de autoridad y no informan el centro de detención al que trasladarán a la persona.
En la siguiente etapa, familiares y abogados buscan información en delegaciones policiales, cárceles y oficinas estatales. Allí, funcionarios niegan que la persona esté bajo custodia, afirman que no hay registros de detención o remiten a los familiares a otras instituciones. De esa manera, el Estado impide verificar si la víctima continúa con vida, dónde está recluida o si recibe atención médica.
El Grupo de Expertos identificó responsabilidades específicas en centros bajo control policial y penitenciario. Los sucesivos jefes de la Dirección de Auxilio Judicial y de la delegación policial del Distrito III, en Managua, habrían conocido que personas desaparecidas estaban recluidas en El Chipote, El Nuevo Chipote y otras instalaciones, pero se negaron a proporcionar información e instruyeron a subordinados para actuar de la misma forma.
Una práctica similar habría operado en el Sistema Penitenciario Nacional. El informe menciona a las direcciones de La Modelo, La 300 y La Esperanza, cuyos responsables, según el Grupo, habrían ocultado sistemáticamente la suerte y el paradero de personas detenidas por motivos políticos. La información sobre traslados, condiciones de salud y acceso a visitas también habría sido restringida deliberadamente.
El recurso de exhibición personal, equivalente al habeas corpus, aparece como uno de los principales mecanismos judiciales bloqueados. En teoría, este procedimiento debe permitir que un juez examine rápidamente la legalidad de una detención y ordene la presentación física de la persona detenida. Sin embargo, el Grupo documentó retrasos, inadmisiones, falta de respuesta y desacato a las órdenes judiciales.
Según una investigación citada en el informe, el 90.1% de las 315 solicitudes de habeas corpus presentadas entre 2018 y 2024 por detenciones políticas resultaron ineficaces. Solo el 1.6% condujo a una protección efectiva. El resto fue rechazado, ignorado o quedó sin resultados verificables.
“Cuando los jueces ejecutores o los abogados defensores intentaron acceder a delegaciones policiales o establecimientos penitenciarios, con frecuencia se les denegó la entrada o no recibieron una respuesta sustantiva”, detalla el informe. Incluso cuando se nombró a jueces para ejecutar el recurso, autoridades policiales y penitenciarias habrían impedido el ingreso a las instalaciones, el acceso a registros y la comunicación con las víctimas.
La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua es mencionada como una instancia que, bajo sus sucesivas presidencias, habría obstaculizado deliberadamente o impedido la ejecución de recursos de habeas corpus a favor de personas detenidas por motivos políticos en Managua.
El documento señala que el sistema judicial, lejos de funcionar como contrapeso, contribuyó a dar una apariencia de legalidad a la privación de libertad. Muchas víctimas fueron presentadas tardíamente ante tribunales, sin defensa de su elección y mediante procesos expeditos, a puerta cerrada o por videoconferencia. En algunos casos fueron condenadas sin conocer formalmente la sentencia o la pena impuesta.
El caso de Brooklyn Rivera Bryan refleja esta coordinación institucional. La Policía lo detuvo sin orden judicial; el Sistema Penitenciario lo mantuvo aislado y fuera de contacto regular con su familia; el Ministerio Público no investigó su desaparición ni su muerte; y el Ministerio de Salud no entregó sus registros médicos completos a los familiares, según el Grupo.
El informe sostiene que este entramado opera bajo un “control centralizado” de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aunque el Grupo no afirma haber encontrado órdenes escritas para cada caso individual, considera que la estructura de mando, la repetición de los métodos y la actuación uniforme de las instituciones permiten establecer esa conclusión.
“La impunidad no es un elemento incidental, sino el mecanismo que permite la continuidad de la política”, concluye Naciones Unidas.