La Justicia ratificó el reclamo de las organizaciones sociales por el reparto de alimentos a los comedores comunitarios

La Justicia volvió a validar “parcialmente” el reclamo que las organizaciones sociales mantienen contra el Gobierno desde que, en diciembre de 2023, en el inicio de la gestión, el Ministerio ...

La Justicia volvió a validar “parcialmente” el reclamo que las organizaciones sociales mantienen contra el Gobierno desde que, en diciembre de 2023, en el inicio de la gestión, el Ministerio de Capital Humano decidió interrumpir la distribución de alimentos en los comedores comunitarios para acabar con la intermediación en la asistencia social e instaurar un nuevo esquema de reparto.

La sala III de la Cámara contencioso administrativa, con la firma de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, confirmó ayer un fallo del juez Walter Lara Correa, de octubre pasado, que avaló “parcialmente” un amparo colectivo presentado por distintas organizaciones sociales para reanudar el reparto de alimentos.

En aquella oportunidad, el juez Correa ratificó el derecho a la seguridad alimentaria y, en línea con ello, le ordenó al ministerio cesar con la “conducta omisiva” y presentar mensualmente un informe que dé cuenta de las políticas públicas en el rubro. Entre otras cuestiones, debía identificar a las personas alcanzadas por la asistencia.

En su momento, el fallo dejó lecturas contrapuestas: las organizaciones sociales lo interpretaron como un precedente histórico que fijaba un nuevo piso de responsabilidades en materia alimentaria; en Capital Humano, que luego terminaría apelando la sentencia, se celebró que el juez hubiera dejado solo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como sujeto activo de legitimación, y no a la UTEP, de la cual Juan Grabois es referente.

Ahora, en línea con el fiscal, la Cámara afirmó que el ministerio no pudo sostener jurídicamente el argumento que blande en el frente alimentario: que la Justicia no puede inmiscuirse en la tarea de definir las políticas alimentarias.

“Desde la perspectiva indicada, tampoco le asiste razón al demandado para agraviarse respecto a los deberes, esencialmente de información, que le han sido impuestos. Lo dispuesto en la instancia anterior, no conlleva una medida que importe inmiscuirse en las potestades predominantemente discrecionales que asisten a la Administración para la persecución de sus cometidos –en el caso, garantizar derechos alimentarios de personas de sectores vulnerables–, sino que constituye un medio adecuado para corroborar y asegurar el cumplimiento de la sentencia", dice el fallo de la Cámara.

“Como bien se advierte en el dictamen fiscal, de una lectura integral del decisorio, surge con claridad que el alegado incumplimiento de los deberes en relación con el derecho a la alimentación resulta consecuencia de una orden judicial de naturaleza cautelar”, dice el escrito.

Desde el Ministerio de Capital Humano no hubo aún un comunicado oficial sobre esta decisión de la Justicia.

En la semana trascendió que desde febrero de este año comenzó a estar bajo investigación una compra de alimentos por 14 mil millones de pesos ordenada por la ministra Pettovello hacía un año. El fiscal Franco Picardi busca esclarecer si la titular de la cartera podía, con su sola firma, autorizar una compra de ese monto sin el aval del jefe de Gabinete, que en aquel momento era Nicolás Posse.

Por eso, pidió informes tanto a la organización internacional, el PNUD, como a la jefatura de Gabinete.

El fiscal también busca “indagar todos los aspectos relacionados con la transferencia de aquellos fondos al PNUD, y con el pago realizado en concepto de gastos de gestión (420 millones de pesos), a fin de verificar si las asignaciones y la utilización de los fondos se ajustó a lo dispuesto por las normativas legales aplicables”, según dice le dictamen.