Liberaron al conductor de ambulancia secuestrado por el ELN en Tibú, Norte de Santander: llevaba 11 días de retenido
Jeisson Adrián Bonilla Ramírez, conductor de una ambulancia de la Empresa Social del Estado (ESE) Norte, recuperó la libertad el lunes 21 de septiembre de 2026 tras permanecer retenido desde el ...
Jeisson Adrián Bonilla Ramírez, conductor de una ambulancia de la Empresa Social del Estado (ESE) Norte, recuperó la libertad el lunes 21 de septiembre de 2026 tras permanecer retenido desde el 10 de septiembre en una zona rural de Tibú, en el Catatumbo, Norte de Santander.
La liberación puso fin a 11 días de secuestro atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La familia del joven confirmó que Bonilla fue trasladado a Cúcuta, aunque no precisó si las autoridades ejecutaron un rescate o si el grupo armado lo dejó en libertad.
El conductor fue interceptado mientras participaba en una misión médica. Los demás integrantes de la brigada pudieron continuar, pero él quedó bajo control de los responsables de la retención.
El caso involucró señalamientos contra el Frente 33Durante los días de cautiverio, el ELN difundió un video en el que Bonilla apareció ante una cámara. En la grabación, afirmó que integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc lo habrían obligado a usar la ambulancia para transportar paquetes de esa estructura.
Esa versión, divulgada mientras el conductor permanecía privado de la libertad, vinculó el secuestro con las acusaciones sobre un supuesto uso de un vehículo médico para movilizar encomiendas.
Hasta el momento, no se han conocido detalles adicionales sobre las circunstancias de la liberación ni sobre eventuales acciones de las autoridades frente a los señalamientos formulados en el video.
Pronunciamiento de la DefensoríaLa Defensoría del Pueblo reportó varios hechos que afectaron la seguridad de la población civil y de la misión médica en Tibú, Norte de Santander, entre el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre. El balance incluyó la retención de dos conductores de ambulancia, el robo de un vehículo asistencial, el sobrevuelo de un dron y la activación de una mina antipersonal.
Según la entidad, uno de los conductores recuperó su libertad después de haber sido retenido. El otro permanecía secuestrado al momento de la denuncia. La Defensoría exigió su liberación inmediata y pidió garantías para proteger su vida e integridad.
La institución también expresó solidaridad con los familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas al conductor que aún estaba en poder de hombres armados. El caso se sumó a otros episodios que comprometieron la prestación de servicios de salud en el municipio.
Durante la mañana del jueves 10 de septiembre, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú. Además de apropiarse del vehículo, privaron de la libertad a su conductor.
Más tarde se registró una situación que involucró a otra ambulancia que viajaba hacia Cúcuta. Cerca de las 16:00 horas, el vehículo tuvo que detener su recorrido ante el sobrevuelo de un dron durante unos 40 minutos.
Hacia las 19:00 horas se presentó otro secuestro. Hombres armados interceptaron al conductor de una ambulancia y se lo llevaron. De acuerdo con el reporte divulgado entonces, esa persona continuaba privada de la libertad.
Los incidentes también alcanzaron a civiles en la zona rural de Orú. El miércoles 9 de septiembre, una mina antipersonal explotó y dejó heridos a dos ciudadanos venezolanos, de 28 y 19 años.
Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tibú, donde recibieron atención inicial. Luego, la Defensoría apoyó las coordinaciones con la Fuerza Aérea Colombiana para facilitar su traslado a Cúcuta.
La evacuación se concretó el jueves 10 de septiembre, de acuerdo con la información de la entidad. El organismo incluyó este hecho dentro de los riesgos registrados durante esas dos jornadas para habitantes de Tibú.
La Defensoría reclamó respeto por la misión médica y recordó que las ambulancias, el personal sanitario y los pacientes requieren protección. Los ataques o restricciones contra estos servicios dificultaron la atención de emergencias y aumentaron la vulnerabilidad de quienes necesitaban asistencia médica.