Magistrada de la JEP advirtió que terminar el tribunal en 2028 dejaría su trabajo “por la mitad”: “Acabar con la JEP cuando van a comenzar los juicios”

El miércoles 23 de septiembre de 2026, Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, radicó un proyecto de acto legislativo que busca fijar en 10 años, sin posibilidad de prórroga, el periodo...

El miércoles 23 de septiembre de 2026, Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, radicó un proyecto de acto legislativo que busca fijar en 10 años, sin posibilidad de prórroga, el periodo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La iniciativa plantea, según Enrique Gómez, que la JEP concluya sus funciones en marzo de 2028. El senador de Salvación Nacional señaló que objetivo es definir desde ahora qué ocurrirá con los procesos que todavía estén pendientes cuando llegue esa fecha, para evitar que el cierre de la jurisdicción deje casos sin resolver.

En ese caso, los expedientes que permanezcan abiertos pasarían a la justicia ordinaria, aunque se mantendrían los criterios previstos para la justicia transicional. El proyecto también establece que la Fiscalía General de la Nación podría asumir las investigaciones y presentar las acusaciones requeridas para dar continuidad a esos procesos.

Por este motivo, la magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, advirtió que, si el tribunal concluye sus funciones en 2028, el trabajo realizado hasta ahora quedaría “a mitad de camino”.

“Entonces, yo diría que debemos mantener esa valentía, ese coraje, esa decisión y no dejar la tarea a mitad de camino”, indicó.

La magistrada advirtió que la medida también podría afectar los juicios adversariales contra integrantes de la fuerza pública que no han reconocido su responsabilidad.

“Entonces, llama la atención que se pretenda acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz a partir de 2028, justo cuando comenzarían los juicios adversariales contra quienes no han reconocido responsabilidad”, afirmó.

La presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP indicó que falta un juicio contra un antiguo integrante de las extintas Farc por abortos forzado. Además, recordó que quedan pendientes los juicios contra los máximos responsables por falsos positivos y los genocidios contra la Unión Patriótica, que según la magistrada, no reconocieron su responsabilidad.

“Está pendiente, por ejemplo, un juicio contra un antiguo integrante de las Farc por abortos forzados, conocido en su momento como el Enfermero. También están pendientes los juicios contra máximos responsables por falsos positivos y por el genocidio de la Unión Patriótica, quienes no reconocieron su responsabilidad”, señaló.

Por esa razón, la magistrada Catalina Díaz preguntó por qué quieren terminar con la JEP cuando están a punto de iniciar esos juicios.

“¿Por qué se quiere acabar con la JEP justo cuando van a comenzar los juicios contra quienes no han reconocido responsabilidad?" señaló

El senador Enrique Gómez Martínez presentó un proyecto de acto legislativo para impedir que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prolongue su funcionamiento durante cinco años más. La iniciativa propone que esta jurisdicción tenga un periodo máximo de 10 años y que, una vez vencido ese plazo, no sea posible aprobar una nueva prórroga.

Según explicó Gómez, la propuesta establece que la JEP concluya sus funciones en marzo de 2028. El propósito es definir con anticipación el destino de los expedientes que sigan abiertos para evitar que el cierre de la jurisdicción deje procesos sin una ruta judicial definida.

El proyecto plantea que los casos que no alcancen una decisión final pasen a la justicia ordinaria, bajo las normas aplicables de la justicia transicional. Además, prevé que la Fiscalía General de la Nación asuma las investigaciones y formule las acusaciones necesarias para asegurar la continuidad de esos expedientes.

Gómez también propone mantener las garantías procesales de quienes ya están sometidos a la JEP. El traslado a la justicia ordinaria no podría derivar, por sí solo, en condiciones penales más desfavorables. La iniciativa incluye una alternativa para las personas que habrían cumplido los requisitos para comparecer ante la JEP, pero que aún no están vinculadas a esa jurisdicción. El senador busca modificar las condiciones que permiten ampliar el periodo de funcionamiento de la JEP y fijar un límite definitivo tras los 10 años.