“No resuelve los problemas estructurales”. Una prórroga fiscal para más de 5000 clínicas reactivó una demanda silenciosa

Una nueva prórroga fiscal llevó alivio a una cantidad nada menor de prestadores del sistema de salud en el país. El Ministerio de Economía volvió a ampliar hasta fin de año la suspensión de ...

Una nueva prórroga fiscal llevó alivio a una cantidad nada menor de prestadores del sistema de salud en el país. El Ministerio de Economía volvió a ampliar hasta fin de año la suspensión de la potestad del organismo de recaudación de ejecutar deudas millonarias de ese sector que se siguen acumulando. Es un alivio, pero no una solución, según coinciden entidades que representan a contribuyentes con y sin deudas.

La decisión administrativa publicada este lunes en el Boletín Oficial también alcanza a las organizaciones sin fines de lucro en el país.

“Resulta menester encomendar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a que disponga, para las entidades sin fines de lucro y para los contribuyentes pertenecientes al sector de salud, la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive”, reza la resolución que lleva la firma de Luis Caputo.

La prórroga también sería otro reconocimiento oficial implícito de la crisis que sigue atravesando el sistema de salud. “El sistema de salud está en terapia intensiva”, habían coincidido ya públicamente los ministros de Salud de la gestión libertaria: Mario Russo, primero, y Mario Lugones, desde octubre del año pasado.

Deuda

Lo cierto es que nadie arriesga un monto de lo adeudado. Estas prórrogas estuvieron atadas desde 2002 a la declaración de la emergencia sanitaria. De los 25.000 prestadores privados del país registrados ante la cartera sanitaria nacional, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) estimó en más de 5000 los que tienen deuda fiscal. Sin la resolución que se va renovando, según explicaron, se podría embargar a esas instituciones.

Ejecutar estas deudas, de acuerdo con el parecer de las asociaciones que nuclean a las voces del sector, por un lado podría agravar todavía más la crisis al dejar una gran proporción de demanda sin atender en todo el país y, por el otro, sigue poniendo en estado crítico el financiamiento del sistema. El monto a pagar por mes depende, por ejemplo, del tamaño y la cantidad de empleados de la institución. Anteayer, fuentes del sector lo estimaron en $500 millones, hoy, para un centro con algo más de un centenar de camas. Con el cambio de gobierno, la prórroga se mantuvo: el Poder Ejecutivo las fue actualizando semestralmente. Ayer, hubo una más.

Ante la consulta de LA NACIÓN, en la cámara de prestadores Adecra+Cedim, que nuclea a más de 400 privados, refirieron que venían monitoreando esta situación y a la espera de esta nueva prórroga.

“Sabemos que se trata de una medida paliativa, que estira los tiempos por seis meses, pero no resuelve los problemas estructurales –opinaron desde esa entidad–. Es decir, no hay aún una vía de salida ordenada a las deudas fiscales que tienen los prestadores desde hace años, que se fueron generando bajo el ‘paraguas’ de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria venció en 2023 y, desde entonces, solo quedó vigente la resolución del Ministerio de Economía, que se viene prorrogando semestralmente.”

En la búsqueda de una solución de fondo

En la Unión Argentina de Salud (UAS), la opinión era similar. Hablaron de “una buena noticia”, que posterga un problema estructural sin solución por el momento. Hay entidades que en el interior ya cerraron, con deudas que se van acumulando.

“Es una buena noticia, para miles de entidades, pero requiere una solución de fondo”, amplió Hugo Magonza, presidente de la UAS. “Hoy, el problema no es solo el stock de deuda que se ha transformado en impagable, bajo las condiciones actuales, sino la que se genera mes a mes. Extender el plazo es bueno, lo importante es encontrar una solución de fondo”, continuó.

La norma que el Congreso aprobó hace 23 años terminó siendo la raíz de un problema más grave para el sistema que intentó asistir, de acuerdo con los contribuyentes que cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales, salariales y de aportes todos los meses. En el camino, dejaron de cumplir con sus obligaciones no solo los que no podían, sino también los que podían, pero optaron por reducir pagos para abonar salarios, reinvertir o, también, directamente no pagar a falta de una sanción. A días de que se venciera la prórroga dictada por Economía a finales de 2024, renovarla o no fue tema de conversación en una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación.

Por un lado, se esgrimió la posición de no seguir haciéndolo y establecer herramientas técnicas, con un diálogo abierto con el Poder Legislativo, para asistir a las instituciones que quisieran ponerse al día con la deuda por un lado y, por el otro, reiniciar sus pagos en adelante. Por el otro, se tuvo en cuenta el peso del costo político de no extender el plazo.

Como en Salud, en el Ministerio de Economía no son ajenos al impacto que está teniendo esa decisión en la crisis del sistema. “Hoy, no hay sector de la economía menos liberal que el de la salud”, argumentó un administrador de una de las pocas instituciones privadas del país donde se miden los resultados de la atención por criterios de calidad y seguridad de manera sistemática.

“Acá, las soluciones están sobre la mesa: no se toman porque prevalecen criterios económicos”, planteó, sin vueltas, el director de un centro porteño de zona norte. LA NACIÓN concedió el pedido de resguardar los nombres para no comprometer a las instituciones. “Como no hay plata, no se puede bajar la recaudación y la solución para una parte de esta crisis es más presupuesto en el sector público y más dinero en el privado”, continuó el interlocutor.

Las fuentes de ese aumento del financiamiento estimado en un 20% quedan limitadas al Estado, los financiadores o el bolsillo de los afiliados.

Una ley en la mira

“La ley de emergencia sanitaria está tapando un agujero que prolonga el problema. Se aprovechan justos por pecadores y hay, también, muchas, pero muchas clínicas a lo largo del país que son inviables desde hace años”, sostuvo el responsable administrativo de un prestador privado que interactúa con los financiadores a diario.

Consciente de que si ARCA ejecuta todas esas deudas “se cae el sistema de salud”, como se apuró a aclarar, prorrogar “la agonía” sin soluciones que discriminen de manera justa entre aquellos casos lo asoció al deterioro generalizado que se aceleró tras la pandemia de Covid en la calidad y la seguridad de la atención de la población.

Habló desde el aumento de enfermedades, como la tuberculosis, hasta la compra de fentanilo de HLB Pharma −sustancia relacionada con la reciente muerte de 48 pacientes (de acuerdo con la última corrección oficial)- a un precio por dosis un 30% más bajo ($4300 en lugar de $14.000): si la autoridad regulatoria lo autoriza -lo que es parte grave del problema-, se puede comprar y reducir costos.

“Pero todo esto no es gratuito -continuó-. La ley de emergencia sanitaria está agravando esta situación. No es ninguna solución seguir prorrogándola. Hasta que no haya medidas de fondo, incluidas leyes que tiene que dictar el Congreso, no se va a solucionar esta crisis del sistema.”