ONU pide al Perú frenar ley que favorecería la impunidad de policías y militares

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Perú no aprobar el proyecto de ley que ampliaría las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos. A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que este tipo de casos deben seguir siendo vistos por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, de acuerdo con los estándares del derecho internacional.

La advertencia llega cuando el Congreso de la República se prepara para definir el futuro de una iniciativa que ya fue aprobada en primera votación y que ha generado una fuerte controversia entre organismos nacionales e internacionales. Mientras sus promotores sostienen que busca evitar una doble persecución judicial contra policías y militares, diversas organizaciones de derechos humanos alertan que la propuesta podría abrir la puerta a escenarios de impunidad en casos que involucren a agentes del Estado.

La advertencia de la ONU y el alcance del proyecto en el Congreso

La observación de Volker Türk no se limita a una discrepancia política. En la comunicación difundida por la Oficina del Alto Comisionado, la ONU remarcó que las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial.

Ese criterio coincide con la línea que el sistema de Naciones Unidas ha sostenido durante años: la jurisdicción militar no puede convertirse en una vía para desplazar causas que, por su naturaleza, deben ser examinadas por jueces civiles. En otras palabras, el problema no está en que exista un fuero castrense, sino en que su uso se mantenga restringido y no se extienda a hechos que puedan afectar la vida, la integridad o la libertad de las personas.

El proyecto aprobado en primera votación modifica el Código Penal Militar Policial y establece que un policía o militar no podrá ser investigado al mismo tiempo por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. También dispone que, si ya existe un proceso abierto en ese fuero, no corresponda abrir otro paralelo en el sistema común. La propuesta recibió respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los votos en contra provinieron principalmente de sectores de izquierda. Además, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de una segunda votación antes del 24 de junio, fecha que figura como límite legislativo para este trámite.

En el debate parlamentario, quienes respaldan la medida sostienen que el fuero militar-policial permitiría una justicia más especializada para hechos vinculados al servicio. En esa línea, el congresista Alejandro Muñante defendió que los casos vinculados con acciones funcionales de policías o militares sean conocidos por esa jurisdicción. Sin embargo, desde otra orilla, la congresista Susel Paredes cuestionó que se cree un trato distinto para efectivos que cometan delitos comunes, al considerar que ello rompe el principio de igualdad ante la ley y resta legitimidad a la actuación de jueces y fiscales del sistema ordinario.

Las críticas de organismos y especialistas sobre la impunidad

Las observaciones a la propuesta no vienen solo desde la política. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) advirtió que el texto legislativo recuerda mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, favorecieron escenarios de impunidad en el pasado. En su análisis, la ampliación del concepto de delito de función y la incorporación de hechos ocurridos durante estados de emergencia dentro del ámbito militar-policial pueden debilitar la rendición de cuentas cuando se trate de presuntas violaciones de derechos humanos.

Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la iniciativa resulta incompatible con criterios ya establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han delimitado con claridad qué casos corresponden al fuero ordinario y cuáles al militar. Rivera señaló que el proyecto amplía indebidamente la noción de delito de función y podría trasladar al fuero militar-policial hechos que hoy son de competencia del sistema común.

En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la primera votación y alertó que extender la jurisdicción militar a delitos comunes desnaturaliza el carácter excepcional de ese fuero y eleva el riesgo de impunidad.