Pacto Histórico recusó a la ministra de Salud, Ana María Vesga: estos son los debates en los que no debería participar por su vinculación con las EPS, según la oposición

En medio de la incertidumbre por cuenta del futuro de la salud en Colombia que, entre otras, está próximo a surtir debate para definir el nuevo incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UP...

En medio de la incertidumbre por cuenta del futuro de la salud en Colombia que, entre otras, está próximo a surtir debate para definir el nuevo incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que paga el Estado a las EPS por cada afiliado, desde el pacto Histórico enviaron una recusación a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se abstenga de participar de cualquier decisión.

La solicitud presentada por los congresistas Erick Velasco y Kevin Gómez Paz pide que la jefa de la cartera Salud se aparte de cualquier discusión sobre la UPC, que termina siendo uno de los ejes centrales en la financiación del sistema de salud colombiano.

Al fundamentar su solicitud, los congresistas advirtieron que la ministra ocupó, hasta poco antes de asumir su actual cargo, la presidencia de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

Esta entidad actúa como gremio representativo de las EPS, lo que según Velasco y Gómez Paz constituye una causal de impedimento conforme al numeral 16 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. Dicha norma prevé la inhabilidad para intervenir en decisiones cuando existe un interés directo o una representación reciente de los intereses involucrados.

La UPC es el monto reconocido por cada afiliado del sistema de salud para cubrir las prestaciones del plan de beneficios. Por la magnitud de su impacto en los recursos de las EPS, la definición del valor para el año 2027 se convierte en una decisión clave que, a juicio de los congresistas, exige máxima transparencia y ausencia de posibles conflictos de interés.

“La discusión es muy sencilla: quien hasta hace pocos días representaba los intereses de las EPS no debería participar ahora, desde el Estado, en una decisión que incide directamente sobre los recursos que reciben esas mismas entidades”, señalaron los legisladores en un comunicado.

Ambos políticos aseguraron que su actuación se ciñe a los mecanismos legales existentes para garantizar que el proceso no se vea afectado por posibles parcialidades.

“La UPC es el valor que las EPS reciben por cada afiliado; la doctora Vesga cobraba por defender y representar a las EPS en la definición de ese valor. La ley busca evitar que conflictos de interés tan evidentes como el de la doctora Vesga determinen las decisiones del Estado y eso es lo que defendemos con esta recusación”, comentaron.

El planteamiento central del escrito no es que Vesga esté inhabilitada para ejercer el cargo de ministra en general, sino que su intervención en la definición de la UPC de 2027 podría afectar la garantía de imparcialidad requerida en una decisión de alto impacto para el sistema de salud.

Los congresistas sostienen que la causal invocada se cumple objetivamente, ya que la ministra fue presidenta de un gremio con interés directo en el asunto en discusión dentro del año anterior a la actuación administrativa.

En la carta se solicita formalmente: la aceptación y trámite de la recusación, la suspensión de la intervención de la ministra en el proceso hasta que se resuelva la recusación, y el traslado del caso al Consejo de Ministros, que es la instancia competente para decidir sobre la procedencia del impedimento. En caso de ser aceptada la recusación, se pide que el presidente de la República asigne el proceso a otro ministro en calidad de ad hoc.

Entre las solicitudes adicionales, la recusación pide recopilar y preservar toda la documentación relevante del expediente UPC 2027, certificar la participación de Vesga en actuaciones previas relacionadas con la UPC, y notificar oportunamente a los firmantes sobre la decisión final, además de advertir sobre la existencia de otros procesos en los que pudieran configurarse situaciones similares.

Según el documento presentado, no se trata de poner en duda la experiencia profesional de Vesga en el sector salud, sino de determinar si existen garantías suficientes de independencia en una decisión que afecta directamente a los recursos de las EPS. Los congresistas subrayan que su objetivo no es personalizar la discusión, sino asegurar la aplicación de la ley y la transparencia en un asunto de alto impacto para el sistema.

Mientras tanto, los parlamentarios han anunciado que harán seguimiento al trámite y solicitarán que todos los fundamentos de la decisión sean de conocimiento público, con el fin de que la ciudadanía pueda evaluar el nivel de independencia con el que se adoptó la resolución.