Panamá mantiene atractivo para los inversionistas, pero enfrenta alertas por corrupción y justicia
Panamá conserva condiciones favorables para atraer inversión extranjera, pero la corrupción, la limitada transparencia, las debilidades del sistema judicial y los atrasos en pagos continúan com...
Panamá conserva condiciones favorables para atraer inversión extranjera, pero la corrupción, la limitada transparencia, las debilidades del sistema judicial y los atrasos en pagos continúan complicando las operaciones de empresas internacionales.
Esa es una de las principales conclusiones del informe sobre clima de inversión publicado en septiembre de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El documento reconoce entre las principales fortalezas del país su posición geográfica, la economía dolarizada y el Canal de Panamá, además de una trayectoria de crecimiento relativamente fuerte.
Sin embargo, considera que las presiones fiscales y los problemas de gobernanza generan incertidumbre para quienes evalúan colocar capital en el mercado panameño.
Estados Unidos identifica a Panamá como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa de Centroamérica y destaca que la legislación concede un trato similar a compañías nacionales y extranjeras. La inversión directa estadounidense alcanzó $5,200 millones al cierre de 2024, de acuerdo con cifras incorporadas al informe.
Entre los obstáculos aparecen la corrupción, la falta de transparencia, una capacidad judicial limitada y problemas de impago, junto con brechas en las competencias de la fuerza laboral. El análisis sostiene que estas condiciones pueden restringir nuevas inversiones y dificultar las operaciones empresariales pese a las ventajas estructurales del país.
Uno de los apartados más críticos se concentra en el funcionamiento de la justicia y la resolución de disputas comerciales. Algunas compañías estadounidenses han reportado tratamientos inconsistentes, injustos o sesgados en tribunales panameños, mientras la falta de tecnología y de experiencia comercial especializada afecta la atención de controversias contractuales y patrimoniales.
El reporte también señala que resolver disputas comerciales y de inversión puede resultar largo y complejo. Los inversionistas recurren con frecuencia a mecanismos de mediación o arbitraje ante dificultades en los tribunales, mientras persisten denuncias relacionadas con sesgo judicial, regulaciones inconsistentes y demoras en los procesos.
El Departamento de Estado dedica otro capítulo a la corrupción y sostiene que continúa siendo un desafío significativo para Panamá.
Inversionistas estadounidenses reportan irregularidades tanto en el sector público como privado y mencionan presuntos sobornos, contratos inflados y falta de transparencia en procedimientos relacionados con permisos, propiedades y compras gubernamentales.
Aunque Panamá aprobó reformas para modernizar la contratación pública, el informe considera que la aplicación de los mecanismos de control continúa siendo inconsistente. También afirma que existen debilidades institucionales para garantizar rendición de cuentas y señala vulnerabilidades frente a interferencias políticas en el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
El documento incorpora igualmente el caso de Cobre Panamá como ejemplo de los riesgos regulatorios y políticos que enfrentan los inversionistas. Recuerda las controversias surgidas después del cierre de la mina y los reclamos arbitrales, y sostiene que las presiones internas pueden generar incertidumbre para el capital extranjero aun cuando el país reconoce formalmente los arbitrajes internacionales.
En materia financiera, Washington reconoce avances. Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en 2023 y posteriormente fue retirado de la relación europea de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado. Sin embargo, persisten cuestionamientos europeos relacionados con transparencia e intercambio de información tributaria.
El informe destaca que en mayo de 2026 el presidente José Raúl Mulino aprobó una Ley de Sustancia Económica que exige a determinadas entidades multinacionales demostrar presencia económica genuina en Panamá. La medida busca acercar al país a los estándares de la OCDE y la Unión Europea y avanzar en materia de transparencia fiscal.
Las ventajas para los inversionistas continúan siendo numerosas. Panamá mantiene regímenes especiales para sedes de multinacionales, manufactura, turismo y zonas económicas, además de incentivos para determinadas actividades. La Zona Libre de Colón alberga más de 2,800 empresas y Panamá Pacífico supera las 350 compañías instaladas, según el documento.
Otro elemento favorable es el sistema financiero. El Departamento de Estado describe al sector bancario panameño como desarrollado, regulado y abierto a la participación extranjera, pese a que la economía dolarizada carece de banco central, prestamista de última instancia y seguro de depósitos. El país mantiene 63 bancos entre entidades oficiales, nacionales, internacionales y oficinas de representación.
Pero la disponibilidad de trabajadores especializados aparece como otro desafío. Panamá enfrenta escasez de personal capacitado en contabilidad, tecnología de la información y construcción especializada, además de una limitada disponibilidad de trabajadores que hablan inglés. El reporte recuerda que el país ocupó el puesto 81 entre 135 economías en competencias de graduados universitarios.A
El diagnóstico laboral incluye además una elevada informalidad. Con datos correspondientes a 2025, el Departamento de Estado señala que cerca del 47% de la fuerza laboral estaba vinculada al sector informal, mientras en comunidades indígenas la proporción superaba 70%. Estas condiciones contrastan con las necesidades de talento especializado que manifiestan los inversionistas.
El balance del informe presenta así dos caras del clima de negocios panameño: una economía dolarizada, conectividad logística, regímenes especiales y apertura al capital extranjero frente a problemas institucionales persistentes.
Para Estados Unidos, corrupción, justicia, transparencia y capital humano continúan siendo obstáculos que Panamá deberá enfrentar para aprovechar plenamente sus ventajas como destino de inversión.