El presidente Javier Milei estaba sentado en un sillón de su despacho en la Casa Rosada, sin apoyarse en el respaldo, como acostumbra en las entrevistas. Se le preguntó cómo podía administrar bien el Estado, justo él que no cree en el ente más omnipresente en la vida de los argentinos. “Ese es el punto, la fatal arrogancia de creer que al Estado se lo puede administrar eficientemente. El Estado gasta la de otros en otros. Nunca puede funcionar bien, por definición funciona mal. Es una organización criminal; es una organización violenta donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente”, dijo.

Las palabras no son más que un resumen de lo que siempre sostuvo. Ahora bien, ¿cómo entender la profundidad de integración del Estado a la trama económica y social de la Argentina? Hay muchas maneras, una de ellas, contar cuántos empleados tiene, o cuánta plata necesita para funcionar, algo así como medir el gasto público. Pero, el Presidente y su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quisieron saber un poco más del estado del Estado, tal es el nombre con el que en épocas de Marcos Peña como jefe de los ministros, se conoció una raquítica auditoría de los 12 años de kirchnerismo.

El 29 de diciembre, Milei y Posse firmaron el decreto 126. “Que como parte del ejercicio de toma de posesión de la Administración entrante, es preciso tomar conocimiento del estado de la situación del Estado a la fecha de asunción (…) Instrúyase a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a que elabore en el plazo de 30 días hábiles un Informe de Entrega y Recepción que contenga la información necesaria para establecer un corte por cambio de administración al 7 de diciembre de 2023″, dice la norma.

Lo que surge de ese pormenorizado estudio es que aquella organización a la que se refiere Milei se ha convertido en un descomunal dueño de bienes, sean inmuebles, autos, embarcaciones y aviones, sin contar las numerosas obras de arte que atesora.

LA NACION accedió a una extensa auditoría que releva varios aspectos de cada uno de los pliegues que forman la Administración Pública Nacional, donde se detallan cuestiones relevantes para entender el panorama al último día hábil del gobierno de Alberto Fernández. De ese trabajo surge que no hay datos exactos, pero en principio, el Estado cuenta con 19.492 inmuebles repartidos por todo el mundo. Tiene, además, 15.149 vehículos propios, sin contar todos los que están alquilados o tomados en comodato a alguna automotriz. A ese número se deben sumar 9 aeronaves y 284 embarcaciones.

Ahora bien, ese número excluye todas las Fuerzas Armadas y todas las de seguridad, además de las empresas públicas, como las ferroviarias, dueñas de cuantiosos inmuebles y flotas de autos. Con ese patrimonio, aquellas cifras de la Administración Pública treparían a valores difíciles de imaginar.

Inventario incompleto

Ramón Lanús, ahora intendente de San Isidro, fue el número uno de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “En diciembre de 2015, en esa lista de los bienes cuyo titular era el Estado figuraban 19.600 inmuebles. En diciembre de 2019, figuraban 80.000 inmuebles. En cuatro años, el Estado nacional sumó más de 60.000 propiedades que no sabía que tenía y no sabía ni qué función cumplía. Todas las operaciones que se realizaron en AABE desde 2015 a 2019 son información pública y están registradas.”, dijo. Es decir, todo parece indicar que se regresó a aquel número.

Vale la pena detenerse en algunas cuestiones que se repiten en varias de los centenares de páginas que tiene la auditoría. La primera es que no hay certeza de que ese número sea la totalidad de los inmuebles. En muchas de las planillas, la Sigen aclara que el número que informa el organismo no es el mismo que envía el AABE. Increíble, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es del Estado y qué no.

El otro punto relevante es que cuando se refieren a los vehículos que pertenecen a una repartición, no se informa el estado de cada uno de ellos. Lo que se cuentan son los dominios asociados patrimonialmente a una repartición gubernamental. Nadie sabe si funcionan o no.

Antes que nada, algunas consideraciones. Como la auditoría se realizó con un corte en el 7 de diciembre, hay algunos ministerios que en ese momento contenían algunas reparticiones, y que ahora han cambiado de lugar. Como el caso de Infraestructura, que entonces era una cartera y ahora se subsumió dentro de Economía y la Jefatura de Gabinete.

La Secretaría General de la Presidencia, que maneja Karina Milei y que tiene como función entregar toda la logística para el Jefe de Estado, cuenta con 20 inmuebles, 137 vehículos y 5 aeronaves. Esta porción del Estado más cercana al líder libertario dispuso de decenas de millones de pesos para asegurar esos autos cuyo estado de conservación no se relevó. Por caso, mediante el proceso EX-2023-105909043 se adjudicó la renovación de la póliza de los autos de la flota. De acuerdo a datos oficiales, el costo de ese contrato fue de $72.816.492 y se contrató directamente a Nación Seguros. Aún no se conoce si estaba comisionado o no. En esa misma oficina, además, se contrató por la renovación del seguro de las aeronaves presidenciales para el período 1023 y 2024. Se pagaron, también a Nación Seguros, US$1.179.316.

El Ministerio de Infraestructura es el que más inmuebles tiene. Sucede que dentro de este organigrama estaba la poderosa y federal Vialidad Nacional. Sólo en ese organismo hay 11.432 inmuebles. “Sucede que ahí están muchas porciones de tierras que son propiedad del Estado para la construcción de rutas”, dice un conocedor de los pasillos del edificio ubicado en la diagonal Julio Argentino Roca al 700, una de las avenidas paradigmáticas del tamaño del Estado. La enorme mayoría de los edificios de esa arteria que llega por el sur a la Plaza de Mayo son estatales, como el de la secretaría de Comercio Interior, el Instituto Nacional de Estadístca y Censos (Indec), la superintendencia de Seguros, o la mencionada Vialidad, que tiene, además, 1008 vehículos.

Un dato como para tener en cuenta: el organismo vial liquidó 35 millones de pesos de comisiones por esta flota, entre otros, a Héctor Martínez Sosa, el prestamista del expresidente Alberto Fernández, además de esposo de su histórica secretaria.

Cifras

Dentro del ministerio de Infraestructura, que ahora depende de Economía, hay varios datos que llaman la atención. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene 74 inmuebles y 339 vehículos, entre los que se cuentan 41 automóviles en trámite de baja, 12 ambulancias (2 con trámite de baja), 23 tractores (1 en trámite de baja) y 111 autobombas. En esta cuenta no se incluye 1 simulador de vuelo. Pese a semejante patrimonio, la ANAC alquila todos los meses tiene 6 pisos y un hall de entrada, además de 85 cocheras de un edificio ubicado a dos cuadras de la Plaza de Mayo. De hecho, hace pocos días fue intimada a desalojar el inmueble ya que el contrato venció en diciembre. Con 74 inmuebles propios, el organismo negocia por estos días un alquiler que pasó de 18 a 54 millones de pesos. Se multiplicó prácticamente por tres, como le sucede a cualquier inquilino al que le vence el contrato.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene 6 edificios, cuenta con 105 autos a su nombre. Muchos de ellos están en un depósito a la vera de la subida a la autopista a La Plata, en pleno barrio de Parque Lezama. Una gran proporción no circulan o están en malas condiciones de conservación.

El ministerio de Economía, más ahora que absorbió Infraestructura, es uno de los más grandes. Por caso, tiene 1023 inmuebles y 7046 autos entre todas las dependencias que tenía en diciembre. Dentro de su organigrama está el Inta y el Senasa, dos organismos con enorme cantidad de patrimonio. El primero cuenta con 444 inmuebles y 3016 vehículos, mientras que el segundo, 163 y 1094, respectivamente. La póliza del INTA es otra de las que estaba intermediada, con comisiones por poco más de $9 millones, de acuerdo a datos de Nación Seguros.

La AFIP es otro de los “enormes” dentro del Ministerio. De hecho, declaró 182 inmuebles propios, además de 1314 vehículos y 22 embarcaciones. Claro que estas propiedades se cuentan de manera nominal, es decir todos valen uno. Sin embargo, la AFIP tiene algunos inmuebles que demandan una enorme inversión en conservación. Un ejemplo: está abierta una licitación para la limpieza del edificio central, frente a la Plaza de Mayo, por mas de $1500 millones.

Algunos casos más: El Indec tiene 23 autos propios. El despacho del ministro Sergio Massa terminó el 7 de diciembre con 60 vehículos a disposición, más allá de que el excandidato presidencial alquilaba otra flota de minivan para moverse. La secretaría de Industria, que manejaba José Ignacio de Mendiguren, disponía de 51 coches más. La Comisión Nacional de Energía Atómica, 407. Y los entes de regulación del gas (Enargas) y de la electricidad (ENRE), 30 y 24, respectivamente.

El ministerio del Interior es otro de los grandes propietarios. Denunció 379 inmuebles y 1885 vehículos y 150 embarcaciones. Dentro de esa cartera está la Administración de Parques Nacionales, un organismo que tiene mucho patrimonio y es el responsable de la mayoría de las lanchas o pequeños barcos. El despacho, que condujo el camporista Eduardo De Pedro, contaba al 7 de diciembre con 71 propiedades y 57 vehículos, mientras que el Ministerio de Turismo, con 153 y 58.

La cartera de Desarrollo Humano, de Sandra Pettovello, consolidó varios ministerios. En Desarrollo Social, manejado hasta el año pasado por Victoria Tolosa Paz, se denunciaron 48 propiedades y 364 vehículos, y en el de Trabajo, 31 y 278 autos. La remisería del Gobierno incluía 48 vehículos de propiedad del Incaa; 35 del exministerio de Cultura; unos 31 del Instituto de Asociativismo y Economía Social; 12 del Ministerio de la Mujer y 438 de la Anses, que además, reportó 152 inmuebles.

La Jefatura de Gabinete es un caso aparte porque dentro suyo está la AABE, con 5059 propiedades denunciadas y 100 vehículos. El despacho de Nicolás Posse tenía, al momento de asumir, 80 vehículos y 199 del Conicet. Un caso que no deja de sorprender: el Enacom informó que tenía 219 autos a su nombre.

La Secretaría Legal y Técnica entregó datos de 7 inmuebles y 12 vehículos, mientras que la Secretaría de Medios, 16 vehículos. La exsecretaría de Asuntos Estratégicos, que durante la administración de Fernández condujeron Gustavo Béliz y Mercedes Marcó Del Pont anotó 13 inmuebles y 98 vehículos. Necesitaban espacio y movilidad durante el cuarto kirchnerismo.

Los ejemplos podrían seguir, a riesgo de aburrir, como por caso, los 521 vehículos del PAMI, los 173 de Migraciones, o los 19 del Instituto de Asuntos Indígenas. Habrá que contratar 423 cocheras para que todos los vehículos del Ministerio de Justicia duerman bajo techo y 137 más para el Instituto Nacional del Agua. Pero más allá de los números relevados ahora, nadie sabe cuánto patrimonio tiene el Estado, donde queda, para qué se usa, y mucho menos, en qué estado de conservación está.

Los dominios de Santiago Cafiero, el último canciller de Fernández y Cristina Kirchner demuestran la absoluta desinformación del Estado. “El Ministerio posee dentro de su inventario 61 inmuebles que tienen como destino al “Culto”, de los cuales no se posee las escrituras ni documentación alguna relacionada con la titularidad de los mismos; como así tampoco ejerce se custodia ni mantenimiento”, dice el informe. Luego agrega que además de los 89 inmuebles propios, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía vigente ese 7 de diciembre, 209 contratos de locación por un monto total de US$86,37 millones.

Una manera de ilustrar el tamaño del Estado es repasar sus bienes. Y una forma de adentrarse en la desidia de quienes lo administraron es tomar conciencia de que nadie sabe qué tan grande es ese patrimonio. Los últimos que se tomaron el trabajo de investigar y sumar contaron 80.000 inmuebles. Lejos, muy lejos, de los actuales 19.600 que acaban de registrar.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/patrimonio-cuantos-barcos-aviones-edificios-y-autos-tiene-el-estado-el-voluminoso-inventario-que-nid17042024/