Qué cambia desde hoy para los inmigrantes que solicitan la green card y reciben beneficios públicos
La nueva regla de “carga pública” del Gobierno de Estados Unidos entra en vigor este viernes 18 de septiembre y modifica la evaluación migratoria de quienes solicitan la residencia permanente...
La nueva regla de “carga pública” del Gobierno de Estados Unidos entra en vigor este viernes 18 de septiembre y modifica la evaluación migratoria de quienes solicitan la residencia permanente, conocida como green card.
La norma permite que las autoridades consideren más ayudas públicas y les otorga mayor autonomía para determinar si un inmigrante podría depender de la asistencia gubernamental en el futuro.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) sostiene en su portal que el manual actualizado se ajusta a la intención del Congreso de que los extranjeros que residan en el país “sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales” financiados por los contribuyentes.
A quién afecta la nueva evaluaciónEl cambio alcanza a los solicitantes de residencia por peticiones familiares —como cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes— y por motivos laborales. Entre los beneficios que podrán formar parte del análisis figuran la ayuda alimentaria, determinados programas de Medicaid, la vivienda subsidiada, la asistencia para estudios y otros programas sujetos a la comprobación de recursos económicos.
La utilización de estos beneficios no implica automáticamente el rechazo de la green card. Los funcionarios deberán evaluar las circunstancias de cada solicitante, incluidos factores como la edad, la salud, el tamaño del hogar, los recursos económicos y el historial crediticio.
La administración dispuso excepciones para algunos grupos de inmigrantes, que quedarán fuera del alcance de la nueva medida. Entre ellos figuran los refugiados y quienes obtuvieron asilo.
Qué ayudas y factores entran en el análisisLa nueva guía amplía los beneficios que pueden pesar en el expediente. Los funcionarios podrán tener en cuenta asistencia gubernamental en efectivo, vivienda subsidiada, ayuda para estudios, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el gobierno.
Los medios locales detallan que el análisis puede incluir los beneficios de SNAP y WIC, los servicios de comidas escolares y de verano, Medicaid y otras prestaciones médicas sujetas a comprobación de recursos, la ayuda de vivienda y el cuidado infantil, así como iniciativas de desarrollo y educación como Head Start y ciertos créditos fiscales.
La evaluación no se limita a los programas usados por el propio solicitante. Según EFE, los oficiales también podrán valorar ayudas recibidas por familiares como hijos, padres o cónyuges, si el solicitante tiene la obligación de mantenerlos y el beneficio depende de sus ingresos.
Antecedentes legalesLa política retoma un enfoque impulsado durante el primer mandato de Trump. Aquella medida enfrentó impugnaciones judiciales y en 2022, bajo la administración de Joe Biden, se determinó una definición más restrictica.
Queda por determinar si la nueva norma continuará vigente. Este lunes, una coalición de más de 20 estados y varios gobiernos locales demandó a la administración.
Los demandantes califican la nueva versión como una medida “catastrófica” para familias que dependen de apoyos básicos y sostienen que también dañará las finanzas estatales y locales.
Las críticas apuntan además a un posible efecto disuasorio entre hogares con hijos ciudadanos estadounidenses que sí tienen derecho a esos programas.
La demanda de los estados sostiene, según reprodujo CNN, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad porque el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una carga pública. Los demandantes también alegan que la norma es “arbitraria y caprichosa” y que el DHS no justificó adecuadamente el cambio
De acuerdo con estimaciones del DHS citadas por The New York Times, la nueva política podría apartar a cerca de 950.000 personas de programas de asistencia, ya sea porque se retiren o porque opten por no inscribirse.
