¿Qué es el “privilegio de secretos de Estado” que invocó Trump en los casos de deportaciones?

Este lunes, la administración del presidente Donald Trump invocó el “privilegio de secretos de estado” para evitar darle información a un juez federal sobre los vuelos de deportación de ...

Este lunes, la administración del presidente Donald Trump invocó el “privilegio de secretos de estado” para evitar darle información a un juez federal sobre los vuelos de deportación de migrantes venezolanos a El Salvador. Con la determinación, surge la duda de qué es y cómo afecta el caso.

¿Qué es el “privilegio de secretos de Estado”?

El sitio del Congreso de Estados Unidos explica que la Corte Suprema ha desarrollado la doctrina del derecho consuetudinario conocida como el “privilegio de secretos de estado” (SSP, por sus siglas en inglés), que protege la información sensible de seguridad nacional de su divulgación en litigios civiles.

“Permite al jefe de un departamento ejecutivo negarse a presentar pruebas en un caso judicial con el argumento de que las pruebas son información secreta que dañaría la seguridad nacional o los intereses de las relaciones exteriores si se divulgaran”, señala.

Cuando se invoca la SSP, el gobierno presenta una declaración jurada en la que afirma que cualquier procedimiento judicial podría revelar secretos que amenazarían la seguridad nacional, y luego solicita al tribunal que desestime la demanda.

Los usos anteriores de la SSP se han dado con mayor frecuencia en la etapa de descubrimiento de pruebas, para solicitar a los tribunales que nieguen el acceso a documentos o testigos. Sin embargo, advierten que, de forma más preocupante, el gobierno lo ha invocado en el inicio de los casos para desestimarlos por completo.

“En estos casos, el gobierno ha argumentado que incluso responder a la demanda confirmando o negando sus acusaciones podría suponer la divulgación de secretos que podrían causar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional”, indican en el sitio.

Por qué Trump invocó el “privilegio de secreto de estado”

La administración Trump le dijo a un juez federal que no revelaría más información sobre dos vuelos de migrantes venezolanos que envió a El Salvador este mes a pesar de una orden judicial de devolver los aviones, de acuerdo con The New York Times.

Durante casi 10 días, el juez James E. Boasberg del Tribunal Federal de Distrito en Washington ha tratado que el gobierno federal le dé información sobre los vuelos con el objetivo de determinar si los funcionarios les permitieron continuar hacia El Salvador en violación de una orden de que regresaran a Estados Unidos.

El medio citado indica que “en un claro acto de desafío”, el Departamento de Justicia le dijo al juez Boasberg que darle más información “socavaría o impediría futuras operaciones antiterroristas”.

La administración Trump sostiene que en esos aviones se transportaban a miembros de una pandilla venezolana llamada Tren de Aragua, aunque diversos medios han expuesto casos de detenidos, cuyos familiares aseguran que no forman parte de la agrupación criminal.

The New York Times explica que si bien el “privilegio de secretos de estado” es una doctrina legal que permite al poder ejecutivo bloquear el uso de evidencia en la corte, normalmente proporciona de forma confidencial una descripción detallada de la evidencia a un juez, y así demuestra por qué es demasiado sensible para discutirla en audiencia pública.

Sin embargo, la medida de la administración Trump "es extraordinaria", al negarse a proporcionar información al juez Boasberg, incluso de forma privada y en una instalación segura para el manejo de información clasificada.

En lugar de ello, presentó declaraciones de Marco Rubio y Kristi Noem, los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, en las que expresaron que compartir la información con un tribunal pondría en peligro la seguridad nacional y la política exterior, y ocasionaría que los socios extranjeros sean menos propensos a confiar en que el gobierno mantendrá en secreto las negociaciones confidenciales y los detalles operativos.

“El tribunal cuenta con todos los elementos necesarios para abordar los problemas de cumplimiento que se le plantean”, se lee en un documento. “Nuevas intromisiones en el poder ejecutivo presentarían perjuicios peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes, en relación con cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional que el tribunal no tiene competencia para abordar”.