Rastrearon sus billeteras virtuales, detectaron ventas de cocaína y lo condenaron a 5 años en Neuquén
Un hombre fue condenado a cinco años de prisión efectiva tras admitir que vendía drogas desde una vivienda en ...
Un hombre fue condenado a cinco años de prisión efectiva tras admitir que vendía drogas desde una vivienda en Neuquén y que tenía armas de fuego sin autorización. La sentencia también incluyó una multa de 45 unidades fijas, estimada en cerca de $5 millones, y el decomiso de los elementos secuestrados.
El condenado es David Hernán Enríquez Romero, quien aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo pleno presentado por el asistente letrado Luciano Vidal. El juez de garantías Juan Guaita homologó el entendimiento entre las partes y dispuso que la pena comience a ejecutarse de inmediato.
La investigación reunió dos hechos ocurridos durante 2026. El primero se centró en una vivienda del sector Atahualpa, donde, según la acusación, Enríquez Romero comercializó estupefacientes a lo largo de enero con la colaboración de una mujer que facilitaba el domicilio y atendía a quienes llegaban a comprar.
Las tareas de vigilancia permitieron registrar la dinámica de ingresos y egresos de personas en la propiedad. A ese trabajo se sumó el análisis de transferencias y operaciones en billeteras virtuales, que documentó al menos 14 movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.
El 30 de enero, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de Gran Neuquén Sur. Durante el procedimiento se incautaron 53,6 gramos de cocaína y 8,1 gramos de cannabis, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos que formaron parte de la pesquisa.
En el mismo domicilio fueron hallados dos revólveres aptos para el disparo: uno calibre 22 y otro calibre 38. Ninguna de las armas contaba con la autorización legal correspondiente, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia.
La mujer que intervino en ese primer hecho recibió una condena condicional por su participación. La resolución respecto de Enríquez Romero contempló que el acusado tenía a su cargo la venta de droga y que la otra imputada facilitaba la casa y asistía en la atención de los compradores.
El segundo episodio ocurrió el 31 de mayo en el oeste de Neuquén, cuando Enríquez Romero circulaba en una motocicleta sin patente. Personal policial lo interceptó y, según detalló Vidal, el hombre brindó datos falsos sobre su identidad antes de intentar escapar a pie.
Durante esa secuencia, el acusado golpeó a los efectivos, conducta por la que también fue responsabilizado por resistencia a la autoridad. La moto, a su vez, presentaba irregularidades en las numeraciones del motor y del chasis, junto con daños en el tambor de arranque.
La requisa posterior permitió hallar 97 gramos de cocaína, dinero en efectivo, moneda extranjera, dos celulares y una balanza. Por el estado de identificación del vehículo, la Fiscalía incorporó la calificación de encubrimiento simple.
A partir de ambos hechos, Enríquez Romero fue declarado responsable de comercio de estupefacientes, tenencia ilegal de armas de fuego, resistencia a la autoridad, encubrimiento simple y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Al fundamentar la pena, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró la reiteración de las maniobras de venta, las cantidades de droga incautadas, la existencia de armas de fuego y el impacto de la actividad en la tranquilidad de los vecinos del sector.
Como atenuantes, se valoró que el imputado reconociera los hechos y que no registrara antecedentes condenatorios. Con esos elementos, las partes acordaron una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, además de la multa fijada en 45 unidades fijas.
Guaita también ordenó el decomiso de los bienes incautados, con la excepción de la vivienda familiar. La resolución autorizó, además, la destrucción de las sustancias estupefacientes secuestradas durante los procedimientos.
Debido a que la Fiscalía, la defensa y el condenado renunciaron a los plazos para impugnar el fallo, la ejecución de la pena quedó habilitada de forma inmediata.