Ricardo Delgado, de Analytica: “La industria y la construcción no sólo generan empleo, generan territorialidad”

El programa de estabilización del Gobierno avanza con ...

El programa de estabilización del Gobierno avanza con medidas destinadas a profundizar las desregulaciones, baja de impuestos y del costo del financiamiento para empresas y familias, junto con mayores facilidades para importar no solo bienes de consumo final, sino más aún de insumos y equipos para la producción con las nuevas tecnologías que en el pasado se importaban, mientras que en paralelo crecen las preocupaciones de referentes de la industria manufacturera, la construcción y el comercio por la caída de la actividad y disminución del empleo asalariado registrado.

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Ricardo Delgado, economista y socio y presidente de Analytica, consultora de empresas y gobiernos, además de haber sido consultor para el PNUD, el Banco Mundial y el BID, para que analice la coyuntura de la macroeconomía y la microeconomía.

— ¿El mercado laboral es el flanco más débil de la gestión Milei, o es un problema estructural de la Argentina que excede a este gobierno?

— Es un problema estructural que se agravó. Desde 2010 la Argentina no crea empleo privado formal en términos netos, y pasaron gobiernos de todos los signos políticos. El presidente Milei recibió una economía donde el peso de la informalidad y las condiciones de contratación más precarias ya eran crecientes: de 4,6 asalariados del sector privado por cada monotributista en 2012 se pasó a 3,1 a fines de 2023. Durante esta gestión la relación empeoró aún más y actualmente es de 2,8. En paralelo, la informalidad pasó del 41% a fines de 2023 al 44,2 por ciento.

“Se destruyen empleos de calidad y los que se crean son más precarios”

Lo preocupante es que estos datos se dan en una economía que acumula un crecimiento de 5,3% en lo que va de la gestión. Se destruyen empleos de calidad y los que se crean son más precarios. Si los sectores que más demandan trabajo, la industria, la construcción y el comercio (casi 40% del total) están en dificultades, este aspecto solo puede profundizarse.

— El presidente Milei presenta la reforma laboral como uno de los hitos de su gestión, pero el empleo informal es el segmento que más creció, tanto en cantidad de puestos como en mejora salarial. ¿Cómo se explica esa contradicción?

— No es una contradicción: es una cuestión de secuencia. La reforma vuelve más barato contratar y despedir; no genera demanda de trabajo, que en realidad depende de la actividad de las actividades intensivas en empleo, justamente las más rezagadas. Además, la ley se sancionó en febrero: quien afirme que funcionó o que fracasó está haciendo política, no análisis.

“La reforma vuelve más barato contratar y despedir; no genera demanda de trabajo”

Lo que sí preocupa es que buena parte del incremento de la informalidad no responde a personas que ingresan al mercado, sino a trabajadores que se desplazan dentro de él. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 240.000 empleos asalariados privados registrados y 80.000 públicos, frente a 160.000 altas de monotributo.

Es decir, no tenemos una economía que formaliza empleo, sino una que apenas lo reclasifica, y de manera parcial.

— Al margen de los proyectos del RIGI, ¿Ve que las empresas aprovechan los cambios en la legislación laboral para bajar el costo de las nuevas contrataciones?

— Sí, y era lo que la ley buscaba. Se usan de manera intensiva tres herramientas: período de prueba extendido, banco de horas y la figura del prestador independiente. La rebaja de contribuciones para nuevas contrataciones entró en casi todos los presupuestos. Pero conviene ser preciso sobre el efecto. Un contrato más barato no convence a nadie de expandirse: acelera a quien ya decidió hacerlo.

Con la capacidad instalada industrial que utiliza solo 6 de cada 10 máquinas, la restricción no es el costo laboral, es la demanda. Lo que se observa no es tanto creación de empleo como sustitución: menos plantilla estable, más rotación, más tercerización.

“Con la capacidad instalada industrial que utiliza solo 6 de cada 10 máquinas, la restricción no es el costo laboral, es la demanda”

— Los juicios laborales, tanto por despidos como por accidentes de trabajo, crecen de forma sostenida. ¿La nueva legislación laboral no logró ponerles freno?

— Todavía no, las causas siguen creciendo y parece previsible. Los juicios que ingresan hoy corresponden en buena medida a hechos anteriores a la reforma, y cuando se anuncia que cambian las reglas de reparación conviene demandar antes del cambio. El problema de fondo, igual, no es la ley: son los incentivos. Honorarios, tasas judiciales, criterios periciales, fueros provinciales.

Santa Fe proyecta 349 juicios cada 10.000 trabajadores contra 138 del promedio nacional, con la misma ley nacional. Sin acuerdo con las provincias, ninguna reforma nacional mueve la aguja. Y una aclaración: bajar la litigiosidad no puede convertirse en un eufemismo para restringir el acceso a la reparación.

— Los industriales parecen divididos: unos ven efectos positivos en el programa de estabilización pese a la apertura comercial y la desregulación, y otros alertan que “no solo no hay una política industrial, sino que al gobierno no le interesa”. ¿Cuál es su diagnóstico de un sector que conoce bien?

— Hay algo cierto en las dos lecturas. Sin equilibrio fiscal e inflación baja no hay política industrial que funcione: lo aprendimos muy caro, y varias veces. Pero a la vez, es cierto que la decisión política fue no “transicionar”, establecer políticas temporales para reconvertir sectores.

El Gobierno sostiene la filosofía de que si un sector no sobrevive a la competencia y a la desregulación, no debería existir. Una empresa que solo es viable con un arancel del 35% y restricciones que cierran su mercado, efectivamente no está en las mejores condiciones para competir. No hay discusión. Pero si esa misma empresa pierde plata porque paga la logística más cara que en Brasil, ve encarecerse los costos de la energía en un 75% en términos reales, las provincias le imponen Ingresos Brutos en cascada y las tasas municipales no ceden, entonces no está siendo derrotada por el mercado: la derrota es el costo argentino, que es responsabilidad de los estados, a todo nivel de gobierno.

“Sin equilibrio fiscal e inflación baja no hay política industrial que funcione: lo aprendimos muy caro, y varias veces”

Con la industria un 12% por debajo del primer semestre de 2023, y unos 90.000 puestos registrados menos que al inicio de la gestión, discutir si hay o no política industrial es secundario. Lo urgente es que haya política de costos. Y hay algo más: tal como sucede con los grandes sectores, también hay realidades muy distintas al interior de la industria misma.

Aquellas industrias más vinculadas a los sectores ganadores, con una demanda más inelástica, o que exportan una parte considerable de su producción, como alimentos, combustibles o químicos, están en mejores condiciones que aquellos que dependen mayormente de la demanda interna y están más expuestos a la competencia importada.

— ¿La industria argentina hoy atraviesa un proceso destructivo, o es lo que Josef Schumpeter llamaría “destrucción creativa”?

— Schumpeter describía un proceso en el cual los recursos que libera una empresa que cierra son reabsorbidos por otra más productiva. El verbo clave es “reabsorber”. La pregunta, entonces, no es filosófica: es empírica. ¿Adónde van los trabajadores que expulsa la industria? Y ahí los datos incomodan. Los sectores dinámicos representan el 15% del PBI y el 9% del empleo. Un tornero del Gran Buenos Aires no se reconvierte en operario de Vaca Muerta: por edad, calificación, geografía y vivienda. Termina en el monotributo, en aplicaciones o fuera del mercado.

“Un tornero del Gran Buenos Aires no se reconvierte en operario de Vaca Muerta: por edad, calificación, geografía y vivienda. Termina en el monotributo, en aplicaciones o fuera del mercado”

Esa no es una reasignación productiva: es destrucción con una válvula de escape informal. Habría destrucción creativa si viéramos al mismo tiempo:

nueva inversión industrial, más productividad agregada, y empleo formal creciendo en otro lado.

No vemos ninguna de las tres. Puede ocurrir, pero no lo garantiza ninguna ley económica: es resultado de una política pública inteligente, no del mercado.

— Si el tipo de cambio se mantiene en los valores actuales después de octubre, ¿qué industrias no sobreviven?

— Rara vez muere un sector entero. Mueren segmentos y empresas; sobreviven los más grandes, los más integrados o los que terminan importando su propia marca. Con el dólar mayorista en torno a $1.500 y el costo argentino donde está, los expuestos son identificables: textil e indumentaria, calzado, marroquinería, juguetes, muebles, electrónica de consumo y línea blanca, neumáticos, metalmecánica liviana, plásticos e insumos para la construcción. Son las actividades que están entre 20 y 30 puntos porcentuales por debajo del promedio entre 2016 y 2023 y, casi uno por uno, aquellos donde la competencia china es más intensa.

Es fundamental seguir la evolución del real brasileño. Buena parte de nuestra industria compite con Brasil. Un movimiento nos cambia el tablero más rápido que cualquier decisión propia. Y las elecciones en nuestro principal socio comercial están muy cerca.

— ¿Cómo evalúa la apertura comercial que impulsa el Gobierno, con acuerdos firmados con grandes bloques y tratados bilaterales en danza?

— El acuerdo con la Unión Europea es una gran noticia de política comercial. Rige de manera provisoria desde el 1° de mayo y nos pone en igualdad de condiciones con competidores que ya tenían acceso al mercado europeo. Algo parecido, en otra escala, vale para el entendimiento con Estados Unidos.

“La cuestión más delicada es la asimetría de los plazos. Exportar más lleva de tres a cinco años. La competencia importada llega en el barco siguiente”

La cuestión más delicada es la asimetría de los plazos. Exportar más lleva de tres a cinco años: certificar, homologar, financiar, construir capacidad. La competencia importada llega en el barco siguiente. En esa brecha se juega la vida de miles de pyme. Chile en los noventa y España al integrarse a la Comunidad Europea acompañaron la apertura con reconversión, crédito largo y calendarios previsibles. Nosotros firmamos los acuerdos y desarmamos las defensas comerciales al mismo tiempo, sin nada en el medio.

La discusión arancelaria tapa algo: no nos abrimos a un mundo simétrico, nos abrimos a un mundo que tiene a China que explica casi un cuarto de nuestras importaciones y apenas 10% de nuestras exportaciones. Tenemos con el gigante asiático un déficit bilateral de unos USD 8.000 millones anuales, el mayor. Más de la mitad de las importaciones de indumentaria son chinas y en autos crece de manera acelerada, por los eléctricos e híbridos, y ya pesa casi un cuarto del total, contra el 56% de Brasil.

Competir con China no es competir con un país que se abarató. Es competir con escalas que no existen en ningún otro lugar, financiamiento estatal de largo plazo y sobrecapacidad instalada en acero, textiles, neumáticos y electrónica. En lo que va del año, las cantidades importadas de bienes de consumo están en máximos históricos y el 27% provino de China.

En la Argentina cuesta hacer esta distinción sin que lo acusen a uno de proteccionista: abrirse y tener a la vez defensa comercial no son cosas opuestas. Estados Unidos y la Unión Europea tienen tratados de libre comercio y, también decenas de medidas antidumping vigentes contra China. Un ejemplo claro es el caso de neumáticos, donde se ven medidas antidumping y tasas de compensación aplicadas a empresas chinas en Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, México y Brasil.

“Estados Unidos y la Unión Europea tienen tratados de libre comercio y, también decenas de medidas antidumping vigentes contra China”

— ¿Esa apertura es demasiado acelerada, como alertan algunos economistas e industriales, o simplemente no hay margen para el gradualismo?

— El debate no es velocidad sí o velocidad no: es secuencia. Se puede abrir rápido la economía si al mismo tiempo se bajan rápido los costos. Lo que no funciona es abrir rápido y, lentamente, reducir impuestos, logística y costo del capital. Eso no es gradualismo ni shock: es un desfase, y lo pagan las empresas y el empleo.

No es hacer todo de golpe, sino en un orden creíble y comprometido por ley. Chile bajó aranceles con un cronograma anunciado y cumplido durante una década: rápido y gradual a la vez, porque la fuerza no está en la velocidad sino en que nadie dude de que va a ocurrir. Hay un punto de economía política: una apertura que destruye empleo formal sin ninguna compensación genera una reacción que después puede revertirla. Vimos esa película varias veces desde 1976. Y decir que “esta vez es distinto” lo escuché muchas veces.

— ¿Qué tan lejos está el “costo argentino” de volverse competitivo frente a Brasil y Chile, en dólares?

— Lejos, aunque algo menos que un... año atrás. Citando a los colegas del Ieral de Fundación Mediterránea, la brecha promedio de precios de los insumos relevados con Brasil, Chile y Paraguay se redujo del 5,8% al 2,2% entre julio de 2025 y julio de 2026. Sin embargo, Argentina sigue siendo más cara en un gran número de insumos: Brasil tiene precios inferiores en cerca del 65% de los productos relevados y Chile en el 64%. Pero estos datos hay que leerlos bien: convergemos porque ellos se encarecieron y porque se movió algo el tipo de cambio, no porque hayamos bajado los costos en forma estructural.

El costo argentino no es cambiario, es institucional: Ingresos Brutos en cascada, tasas municipales, impuesto al cheque, dependencia excesiva del camión con la red ferroviaria y fluvial subutilizada, encarecimiento energético, crédito corto. Nada de esto se arregla con el dólar. Ahí está la diferencia entre ser competitivos y estar forzados a devaluar cada par de años.

— ¿El RIGI es una estrategia sana para el desarrollo del país, o un mecanismo que beneficia a unos sectores en detrimento de otros?

— El RIGI hizo lo que tenía que hacer: dar certeza a proyectos de 20 o 30 años de maduración. Estamos cerca de los USD 100.000 millones entre aprobados y en evaluación, y sin ese régimen buena parte de ellos no existiría. Mis objeciones son de diseño, no de principio. La primera: el RIGI es la confesión de un fracaso. Si hace falta garantizar estabilidad fiscal por 30 años y arbitraje internacional para que alguien invierta, es porque el régimen general no resulta creíble.

“Un país serio construye un RIGI para todos, y eso se llama seguridad jurídica”

Un país serio construye un RIGI para todos, y eso se llama seguridad jurídica. La segunda es el umbral: los pisos de USD 200 millones, USD 600 millones en upstream y USD 1.000 millones en el Súper RIGI dejan afuera por definición a la pyme y a casi toda la manufactura. Una empresa que invierte USD 20 millones compite, dentro del mismo país, con otra que tiene estabilidad fiscal por tres décadas y libre disponibilidad de divisas. Es un sesgo muy claro en favor del capital intensivo y en contra del empleo intensivo.

Para intentar subsanar este desbalance se concibió el RIMI. Pero a diferencia del RIGI, que otorga un blindaje integral de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y estabilidad por 30 años, el RIMI opera apenas como un acelerador financiero de la inversión pyme vía la amortización acelerada en ganancias y el recupero anticipado de IVA.

Además, aunque reduce sustancialmente los pisos de acceso, sus montos mínimos siguen resultando elevados para las empresas más pequeñas, sobre todo en un contexto de demanda deprimida y elevada capacidad ociosa. Entre los proyectos aprobados en el RIGI predominan la energía, la minería y el agro.

— ¿Argentina avanza hacia una primarización de su economía?

— Depende de qué llamemos primarización. Si es que aumenta el peso de los recursos naturales en las exportaciones, sí, y en buena medida es inevitable: es lo que tenemos y lo que el mundo nos demanda.

Noruega y Australia son economías desarrolladas que exportan recursos naturales. El problema no es qué exportamos: es qué hacemos con eso. Ellos construyeron proveedores locales, formación técnica e institutos tecnológicos; convirtieron el yacimiento en un ecosistema. Nosotros, por ahora, lo estamos convirtiendo en un puerto.

“Noruega y Australia son economías desarrolladas que exportan recursos naturales. El problema no es qué exportamos: es qué hacemos con eso. Ellos construyeron proveedores locales, formación técnica e institutos tecnológicos”

Hay una dimensión que discutimos poco: la industria y la construcción no sólo generan empleo, generan territorialidad. Cada puesto industrial sostiene al menos un empleo en servicios locales. Cuando esos puestos desaparecen las regiones afectadas no se recuperan vía migración: la gente se queda, con menos ingresos. Hay muchos casos a nivel internacional que lo atestiguan.

Acá pega más fuerte porque somos un país de baja densidad poblacional. Ciudades como Rafaela, Sunchales, Las Parejas, San Nicolás, Campana o Zárate tienen el tamaño y las clases medias que tienen porque hay producción industrial.

Y la construcción es la actividad que distribuye empleo de manera más pareja: no hay municipio sin obra. Cuando las dos se contraen a la vez, el efecto no es solo económico, es demográfico. Un yacimiento no consolida población, una industria sí. Vaca Muerta y la minería nos dan los tan necesarios dólares; la industria, el comercio y la construcción nos dan una geografía mejor distribuida.

— Además de la reforma laboral, ¿qué otra reforma es más urgente para la competitividad y el Gobierno todavía no encaró?

— La tributaria, con un componente federal ineludible. El Gobierno la prometió y terminó postergándola por falta de margen fiscal: hoy quedó como promesa para un eventual segundo mandato. Entiendo la restricción, pero la reforma que importa no es solamente bajar impuestos: es cambiar la estructura.

Ingresos Brutos es el peor impuesto del sistema argentino: grava en cascada, castiga la producción integrada y penaliza la exportación. Eliminarlo exige un acuerdo federal unánime, que es exactamente el tipo de acuerdo que la Argentina no consigue hacer.

Mi orden de prioridades sería:

reforma tributaria con pacto fiscal federal; infraestructura y logística; mercado de capitales con crédito a diez años, porque sin financiamiento largo no hay reconversión posible por más barato que sea contratar, y algo que no suele aparecer: la inclusión financiera de informales y jóvenes. Solo 4 de cada 10 jóvenes ocupados tiene empleo formal. Una economía que expulsa tempranamente a una generación del crédito no solo pierde equidad: pierde productividad futura.

— En las próximas elecciones, ¿Se define la ratificación del rumbo económico actual, el regreso a políticas de regulación, controles y populismo, o puede abrirse espacio para una tercera opción?

— Las elecciones definen quién gobierna; no definen por sí solas si el rumbo se sostiene. Esa es la trampa argentina: discutimos el rumbo en cada elección en lugar de discutir la gestión dentro de un rumbo acordado. Lo que sí quedó establecido es un piso. El equilibrio fiscal, y más ampliamente, una macro ordenada, debería dejar de ser una bandera partidaria: no es de derecha ni de izquierda, es la precondición para cualquier política económica consistente.

“La Argentina hizo el ajuste fiscal, monetario y externo más severo en medio siglo, y ese aprendizaje no debería perderse con el próximo cambio de signo”

La Argentina hizo el ajuste fiscal, monetario y externo más severo en medio siglo, y ese aprendizaje no debería perderse con el próximo cambio de signo. La oposición debería ser clara al respecto. Si lo fuera, no veo margen para una tercera opción.

Un par de advertencias. Al oficialismo: presentar cualquier alternativa como un salto al abismo no le hace bien a una sociedad que viene consolidando sus prácticas democráticas. A la oposición, y en particular al peronismo: no alcanza con ganar una elección; hay que mostrar de manera creíble que no se van a repetir los errores macroeconómicos del pasado.

Fotos: Matías Arbotto