Solicitan que reformas contra el crimen en Honduras respeten los tratados internacionales

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) llamó a que cualquier reforma relacionada con seguridad y sistema penitenciario sea revisada bajo el principio de convencional...

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) llamó a que cualquier reforma relacionada con seguridad y sistema penitenciario sea revisada bajo el principio de convencionalidad y en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas por el país, en el marco del debate sobre medidas estatales para enfrentar la violencia y el crimen organizado.

La advertencia la formuló el delegado adjunto del organismo Ricardo López, quien aclaró que la institución reconoce las facultades del Estado para adoptar medidas dirigidas a reducir los índices de violencia y enfrentar a las estructuras criminales.

Sin embargo, señaló que esas decisiones deben guardar coherencia con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos vigentes para Honduras.

López explicó que se reconoce la potestad estatal para diseñar e implementar políticas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad de la población, “Como Institución Nacional de Derechos Humanos nos apegamos a lo que establece la norma, a los estándares internacionales”, manifestó el funcionario.

Uno de los puntos señalados por el Conadeh está relacionado con las reformas que se discuten en el Congreso Nacional y que podrían afectar las condiciones de las personas privadas de libertad.

El funcionario recordó que las medidas aplicables a las personas privadas de libertad deben considerar instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Nelson Mandela, que establecen estándares sobre el tratamiento de las personas recluidas.

El principio de convencionalidad al que hace referencia la institución de derechos humanos, implica que las normas y decisiones estatales deben ser compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado.

A lo que señalan que el crimen debe analizarse no solo desde la perspectiva de seguridad, sino también considerando las obligaciones que Honduras mantiene en materia de protección de derechos fundamentales.

López también recordó que la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, ha realizado recomendaciones al Estado hondureño relacionadas con el sistema penitenciario, con el propósito de que las medidas aplicadas dentro de los centros penitenciarios no deriven en responsabilidades para el Estado por eventuales vulneraciones de derechos humanos.

Otro de los planteamientos del delegado adjunto es que las medidas de carácter restrictivo, por sí mismas, no serían suficientes para atender las causas y dimensiones de la violencia y la criminalidad que enfrenta Honduras.

López consideró necesario complementar las acciones de seguridad con programas de prevención, educación, formación y protección, en particular en las comunidades donde tienen presencia estructuras criminales.

El funcionario señaló que existen personas que pueden ser presionadas u obligadas a involucrarse en actividades ilícitas, por lo que las respuestas estatales también deberían contemplar mecanismos de protección y prevención dirigidos a quienes viven en esos sectores.

Así mismo indicaron la situación de las personas que cumplen condenas en los centros penitenciarios del país. Según López, el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar procesos orientados a la rehabilitación de las personas privadas de libertad, con componentes educativos y mecanismos de reinserción, para que quienes hayan cumplido sus penas puedan reincorporarse a la sociedad.

En el caso del sistema penitenciario, el debate incluye las condiciones de reclusión, el contacto de las personas privadas de libertad con sus familiares, la rehabilitación y las posibilidades de reinserción.

El CONADEH plantea que una estrategia integral requiere combinar las medidas de seguridad con prevención, educación, protección y procesos de rehabilitación, mientras las reformas que se discutan en el Congreso Nacional deben revisarse para garantizar su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos.