Una de las principales arterias de la capital peruana le costará otros USD 2,8 millones al país por una disputa con Francia
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la contratación del estudio Baker Botts LLP para representar a Perú en el arbitraje internacional presentado por VINCI Highways SAS y VINCI...
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la contratación del estudio Baker Botts LLP para representar a Perú en el arbitraje internacional presentado por VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El proceso, identificado como Caso CIADI No. ARB/21/60, se basa en reclamos de las compañías francesas por supuestas pérdidas tras la negativa del Estado peruano a permitir el reajuste tarifario anual en los peajes de la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla - LAMSAC, concesionadas a través de la filial Lima Expresa.
La Resolución Ministerial N° 264-2026-EF/43, publicada en el diario oficial El Peruano, detalla que la contratación del estudio Baker Botts LLP tiene una asignación de S/ 3 384 000,00 para el año 2026, con una previsión adicional de S/ 6 948 000,00 para el año fiscal 2027 (en conjundo, unos 2,8 millones de dólares).
Reclamo planteado bajo el Tratado Bilateral Francia–PerúLa demanda fue registrada el 10 de diciembre de 2021 y se fundamenta en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Francia–Perú. Según los documentos presentados, VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS solicitan una compensación de US$ 365,3 millones.
El expediente detalla que las compañías consideran que el Estado incumplió el contrato al impedir el ajuste de tarifas previsto, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a la concesionaria.
El tribunal arbitral quedó conformado el 25 de julio de 2022. La presidencia está a cargo de John R. Crook (EE.UU.), acompañado por Horacio A. Grigera Naón (Argentina, designado por los demandantes) y Barton Legum (EE.UU., designado por Perú). El idioma del procedimiento es inglés y español.
Desarrollo procesal y estado actual del arbitrajeEl caso ha transitado distintas fases procesales. En 2023, las empresas demandantes presentaron su memorial principal, mientras que la parte peruana respondió con argumentos sobre jurisdicción y fondo en febrero de 2024.
Durante 2024 y 2025, el tribunal resolvió solicitudes relacionadas con la producción y confidencialidad de documentos, así como sobre la admisibilidad de nuevas pruebas. Entre el 11 y el 19 de junio de 2025 se llevó a cabo la audiencia principal en Washington, D.C., donde ambas partes expusieron sus argumentos sobre los puntos en disputa.
Posteriormente, las partes presentaron solicitudes adicionales de medidas provisionales y reclamos auxiliares. El 31 de marzo de 2026, las empresas francesas presentaron un memorial sobre estos reclamos auxiliares, dejando el litigio aún pendiente de resolución.
Origen y antecedentes de la controversiaEl conflicto se origina en la negativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a autorizar el incremento anual de peajes en las autopistas concesionadas a Lima Expresa.
Paralelamente al proceso CIADI, se desarrolló un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, donde la municipalidad intentó resolver el contrato alegando corrupción.
El tribunal de la CCI rechazó esa pretensión y reconoció el derecho de la concesionaria a recibir una compensación, que se materializó mediante la extensión del contrato de concesión por 2.163 días adicionales, habilitando la operación de la vía hasta el año 2055.
CIADI: Representación legal de las partesEn el procedimiento, las empresas reclamantes cuentan con la asesoría de King & Spalding (Estados Unidos) y Estudio Echecopar (Perú).
La defensa del Estado peruano está a cargo del estudio Baker Botts LLP (Estados Unidos y Reino Unido), acompañado por la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia e Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas y Estudio Navarro & Pazos Abogados (Perú).
El arbitraje continúa pendiente de la decisión del tribunal internacional, cuya resolución tendrá incidencia en la administración de concesiones viales y la política de inversiones en infraestructura en Perú.