Una funcionaria de la línea dura de Trump visitó la prisión emblema de Bukele con venezolanos deportados por EE.UU.

WASHINGTON.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este miércoles la prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde se encuentran ...

WASHINGTON.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este miércoles la prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde se encuentran recluidos venezolanos que, según el gobierno de Donald Trump, son miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Estos individuos fueron deportados de Estados Unidos este mes tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite la expulsión rápida de no ciudadanos sin la posibilidad de comparecer ante un juez. Las deportaciones, que están siendo impugnadas por organizaciones de derechos civiles, se enmarcan en una batalla judicial de alto perfil.

Noem, una defensora de las políticas migratorias de Donald Trump, también tiene previsto reunirse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, según informó el Departamento de Seguridad Nacional a principios de esta semana. La visita forma parte de un viaje de tres días, que también incluirá paradas en Colombia y México.

Noem se reunirá en Bogotá con la ministra de Exteriores, Laura Sarabia, y con el presidente, Gustavo Petro, además de altos funcionarios del gobierno de los sectores de defensa y migración.

Tonight, I’m announcing a nationwide and international multimillion-dollar ad campaign warning illegal aliens to leave our country NOW or face deportation with the inability to return to the US. This serves as a strong warning to criminal illegal aliens to not come to America. If… pic.twitter.com/VcVgJYfSKR

Desde que asumió su cargo, Noem ha liderado esfuerzos para reforzar la represión migratoria. Ha participado en operaciones de control migratorio, montado a caballo con agentes de la Patrulla Fronteriza y protagonizado una campaña televisiva instando a los inmigrantes sin permiso a auto-deportarse.

La Ley de Enemigos Extranjeros, que Trump invocó el 15 de marzo, fue originalmente utilizada para internar a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Trump alegó que Estados Unidos estaba siendo invadido por la pandilla venezolana Tren de Aragua, lo que permitió la expulsión de los deportados bajo esta ley.

El gobierno estadounidense ha reconocido que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales en el país, pero algunos siguen siendo considerados una amenaza. Sin embargo, la administración Trump no ha proporcionado pruebas específicas de pertenencia a pandillas. Por ejemplo, uno de los deportados, un futbolista profesional y entrenador juvenil venezolano, fue erróneamente identificado como miembro de una pandilla debido a un tatuaje de una corona que, según sus abogados, hacía referencia a su equipo favorito, el Real Madrid.

Una cuestión clave en el caso es el estatus de los deportados. Muchos de ellos ya no figuran en el localizador de detenidos de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y no han comparecido ante un juez en El Salvador, lo que genera dudas sobre cuándo y cómo podrían ser liberados, ya que no están cumpliendo condenas.

El juez de distrito James Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tras un desafío legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). A pesar de esta orden, el gobierno permitió que dos vuelos, que ya estaban en el aire, continuaran hacia El Salvador, donde 238 hombres venezolanos fueron entregados a las autoridades salvadoreñas para ser encarcelados en el “Centro de Confinamiento del Terrorismo” del país.

La ACLU cuestionó si un tercer vuelo, que partió más tarde, transportaba inmigrantes con órdenes de deportación válidas. Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que los dos primeros vuelos no necesitaban regresar, ya que ya habían abandonado el espacio aéreo estadounidense, y que los migrantes del tercer vuelo podían ser deportados por otros motivos.

La batalla legal también ha llevado a una confrontación entre el presidente Trump y el poder judicial. La semana pasada, Trump pidió la destitución de Boasberg, lo que provocó una reprimenda por parte del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

George Fishman, ex abogado de seguridad nacional de Trump, expresó su preocupación por que la discusión sobre el incumplimiento de la orden judicial pudiera distraer la atención de la defensa de la Ley de Enemigos Extranjeros. “La administración tiene que acatar las órdenes de los tribunales federales, a menos que sean revocadas por un tribunal superior”, insisitió Fishman. “Me preocupa que aumente la probabilidad de que nunca lleguemos a una sentencia de la Corte Suprema sobre el fondo”.

Por otro lado, el presidente salvadoreño anunció la llegada de los deportados el 15 de marzo, publicando un video en la red social X en el que se veía a los hombres bajando apresuradamente de los aviones y siendo trasladados a la megaprisión conocida como Cecot. Bukele, quien se ha autodenominado el “dictador más cool del mundo”, había ofrecido en febrero encarcelar a los “delincuentes peligrosos” deportados de Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados en el país no tienen apoyo consular de su gobierno. El lunes, abogados en El Salvador contratados por el gobierno venezolano informaron que habían presentado peticiones de habeas corpus para solicitar la liberación de los deportados.

Agencias ANSA, AP y Reuters