Viviendas en riesgo ante un terremoto en Perú: cuatro medidas para prevenir daños por eventos naturales

Las viviendas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna requieren ...

Las viviendas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna requieren medidas de prevención frente a lluvias intensas y movimientos sísmicos. La prioridad pasa por revisar la calidad del suelo, los diseños estructurales, los materiales empleados durante la obra y la capacidad de fiscalización de las municipalidades. El riesgo aumenta cuando una construcción se levanta sin evaluación técnica o sin respetar los planos aprobados.

Las regiones del norte concentran la mayor preocupación por su exposición a precipitaciones, desbordes y otros eventos asociados a la temporada de lluvias. La vulnerabilidad, sin embargo, no termina en esa zona. El riesgo se extiende hacia el centro y el sur del país, donde las edificaciones también enfrentan amenazas vinculadas con sismos, inundaciones localizadas y problemas en la estabilidad de los terrenos.

Lima aparece en una escala menor dentro de las zonas que requieren refuerzo ante fenómenos naturales, aunque su concentración urbana obliga a mantener controles sobre viviendas antiguas, construcciones informales y nuevos proyectos inmobiliarios. La expansión de las ciudades ha llevado a ocupar áreas con condiciones complejas, donde una deficiencia en el suelo o en la estructura puede agravar las consecuencias de una emergencia.

Ica debe revisar la resistencia de sus techos ante lluvias intensas

En Ica, la preocupación no se limita a posibles inundaciones. La resistencia de los techos constituye uno de los puntos que demanda atención antes de la llegada de precipitaciones intensas. Muchas viviendas podrían no soportar el peso acumulado del agua por las características de sus cubiertas, la falta de mantenimiento o el empleo de materiales que no responden a las exigencias de una lluvia prolongada.

El refuerzo de las cubiertas debe considerar la inclinación del techo, la capacidad de evacuación del agua y el estado de las uniones entre vigas, columnas y muros. Una filtración puede afectar primero los acabados, pero también puede deteriorar elementos estructurales si se mantiene durante un periodo extenso. La revisión preventiva de los techos permite detectar fallas antes de que una precipitación comprometa la vivienda.

La seguridad de una casa depende de cuatro factores: la calidad del suelo, la ubicación del terreno, el diseño estructural y el procedimiento constructivo. Un inmueble que se apoya sobre suelo pantanoso, relleno no compactado o áreas consideradas peligrosas queda expuesto a daños, incluso cuando presenta otros elementos de protección. La evaluación previa del terreno debe formar parte de cualquier proyecto de vivienda.

Construir junto a ríos o laderas eleva la exposición de las familias

La ubicación resulta determinante para definir el nivel de riesgo. Construir cerca de un río, una quebrada o una ladera incrementa la exposición frente a crecidas, deslizamientos y erosión del suelo. Ese peligro se acentúa cuando las edificaciones no han pasado por una evaluación técnica que determine si el terreno puede soportar el peso de la construcción y las condiciones del entorno.

Las viviendas ubicadas en zonas de pendiente requieren estudios que definan la estabilidad del suelo, la necesidad de muros de contención y los sistemas de drenaje. En áreas próximas a cursos de agua, las autoridades deben revisar si existen fajas marginales, antecedentes de desborde o cambios en el cauce. La elección del terreno puede definir la capacidad de una vivienda para resistir una emergencia.

Los hospitales, los centros de defensa y las comisarías cuentan con exigencias especiales de construcción porque deben mantenerse operativos durante un desastre. Estas instalaciones requieren criterios que les permitan resistir terremotos, inundaciones u otros eventos sin interrumpir los servicios esenciales. Entre las medidas previstas figuran los aisladores sísmicos, que reducen la transmisión del movimiento del suelo hacia la estructura.

La fiscalización municipal debe alcanzar las obras nuevas y las ya construidas

Las viviendas son las construcciones más expuestas, en especial en zonas donde predomina la autoconstrucción sin dirección profesional. El crecimiento de edificios y casas obliga a verificar si las obras cumplen con los criterios estructurales requeridos y si los inmuebles destinados a servicios públicos conservan condiciones de seguridad. Una inspección tardía puede identificar problemas cuando su corrección ya resulta más compleja y costosa.

Los planos antisísmicos pierden eficacia si no se respetan durante la ejecución. Reducir la cantidad de acero, cemento u otros materiales para bajar los costos modifica las condiciones previstas por el diseño y debilita la estructura. Una obra que se aparta de sus especificaciones técnicas expone a las familias a daños mayores durante un sismo o una lluvia intensa.

En distintos distritos, algunas familias encargan obras a vecinos, maestros de obra o albañiles sin supervisión especializada. Esa práctica puede derivar en errores en las cimentaciones, las columnas, los muros o las losas. Las municipalidades tienen la responsabilidad de reforzar la fiscalización mediante inspectores que revisen tanto las viviendas ya levantadas como los proyectos en ejecución.

El otorgamiento de licencias también requiere procedimientos accesibles, porque trámites excesivos pueden incentivar construcciones sin controles. A la vez, los diseños antisísmicos pueden someterse a simulaciones con inteligencia artificial, una herramienta capaz de anticipar puntos de falla frente a terremotos de gran magnitud y de facilitar correcciones antes de que la obra quede terminada.