Reabren una causa en la que se investiga un contrato de Aerolíneas por US$ 58 millones de la gestión de Mariano Recalde

La Cámara Federal de Casación Penal reabrió una causa en la que se investiga un contrato de Aerolíneas Argentinas con la empresa Sol por 58 millones de dólares firmado en 2015, durante la gest...

La Cámara Federal de Casación Penal reabrió una causa en la que se investiga un contrato de Aerolíneas Argentinas con la empresa Sol por 58 millones de dólares firmado en 2015, durante la gestión del kirchnerista Mariano Recalde, actual senador nacional de Unión por la Patria.

El caso estaba archivado tras un fallo de la Cámara Federal que había dictado los sobreseimientos de los ejecutivos de Sol. La denuncia había sido realizada por el exdiputado nacional por la UCR de Formosa Martín Hernández, pero la jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió el archivo del expediente por “inexistencia de delito”.

Los imputados apelaron esa decisión porque querían que se dictara el sobreseimiento. Con la firma de los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, más la disidencia de Martín Irurzun, la Cámara Federal aceptó ese pedido y en 2024 dictó los sobreseimientos de los ejecutivos de Sol.

La fiscalía intentó, mediante una apelación, reabrir la causa, pero la Cámara explicó que “lo que se estaba discutiendo era si el expediente solo se archivaba o los acusados tenían derecho al sobreseimiento”, lo que finalmente terminó ocurriendo.

Ahora intervino la Cámara Federal de Casación, que, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, revocó el fallo de la Cámara Federal de los sobreseimientos y ordenó enviar el caso a Capuchetti para que siga investigando.

El juez Carbajo dijo en su voto que la denuncia menciona los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública, malversación de caudales y peculado. Y que la fiscalía había señalado provisoriamente como implicados a Mariano Recalde y Horacio Gabriel Angeli, y solicitó que se requirieran informes a la Administración Nacional de la Aviación Civil, Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Transporte.

El juez obtuvo los contratos y encargó un peritaje para determinar si era razonable el convenio por US$ 58.236.000 por cuatro años entre Aerolíneas y Sol.

El juez dijo que no se evaluó la posibilidad de convocar fuentes señaladas en la denuncia o en las notas periodísticas que mencionaban el asunto. Tampoco se ordenaron allanamientos u otras medidas.

“Se han precisado datos que revelan incógnitas no despejadas con relación a la maniobra denunciada y faltan realizar diversas medidas de prueba que podrían resultar pertinentes e idóneas”, consideró el magistrado.

Los sobreseimientos dijo el juez “encubren argumentalmente una situación de incertidumbre respecto de los hechos denunciados” por lo que “exhiben una fundamentación solo aparente” de la sentencia de la cámara.

“El sobreseimiento resulta incompatible con la duda, máxime cuando ella proviene de una incompleta investigación”, dijo el juez Carbajo.

Su colega Barroetaveña coincidió con su voto y el juez Hornos agregó: “No resulta posible desatender que casos como el presente -donde se investigan supuestos hechos de corrupción- requieren que, en virtud del bien jurídico afectado, los juzgadores actúen con una reforzada debida diligencia”.

“El Estado debe maximizar sus esfuerzos con el objeto de cumplir con la manda constitucional vinculada con alcanzar la verdad jurídico-objetiva que represente un adecuado servicio de justicia y afiance la valoración de las instituciones dedicadas a tal tarea”, sostuvo Hornos, y recordó los compromisos internacionales de la Argentina en el combate de la corrupción.

La denuncia se refería a un supuesto sobreprecio en el contrato con Sol del 80%. Según la denuncia, Aerolíneas acordó con Sol el pago de una suma mensual en dólares equivalente a 210 horas de vuelo, más el costo del combustible, por el alquiler de cada uno de los seis aviones de esa firma.

El denunciante sostuvo que Sol generó ganancias por alrededor de 70 millones de pesos. Según Recalde, no hubo tales sobreprecios y, por el contrario, los acuerdos fueron beneficiosos para Aerolíneas.